Bolivia está secuestrada. Salir a la calle o circular libremente implica riesgo de agresión. Los grupos de “cívicos”, ciudadanos que consideran tener más derechos que otros, se robaron el espacio público para tratar de gobernar un país que no ganaron en las urnas. La excusa esta vez fue una ley para evitar el blanqueo de capitales. Norma que existe en todo el mundo y en la que encontraron la justificación para decir que el gobierno les quiere quitar su Toyota Corolla del 86.

Libertad, democracia, palabras con las que se llena la boca la directiva de un Comité Cívico sin democracia, electo a dedo entre cuatro paredes y que decide, con el mismo dedito infame, los destinos de los bolivianos.

Luis Arce aceptó derogar la ley contra blanqueo pero los cívicos dicen que quieren más. La ley nunca fue el problema, el problema es que ellos perdieron una elección después de haber dado un golpe de estado. Ni siquiera durante el año que saquearon al estado lograron crear condiciones políticas para asegurar su permanencia en el poder. Debe ser porque no son mayoría. Debe ser porque cada vez que hablan, amplificados por sus medios, de la voluntad del pueblo, están robando a ese pueblo el ejercicio de esa voluntad.

Por eso quieren seguir en las calles y que el incauto arribista que cree que bloqueando le suben el sueldo, siga con ellos, carne de cañón. “Hemos resuelto […] mantener el paro general hasta que se promulgue la ley que abroga la 1386, y la abrogación del paquete de leyes demandadas por los sectores de la sociedad, entre ellas la reposición de los dos tercios en el reglamento legislativo”, anunció Rómulo Calvo, el líder del opositor Comité Cívico de la región de Santa Cruz y que hace unos meses llamó bestias a un grupo de campesinos.

“Nuestra lucha continúa”, agregó el domingo en la noche en un masivo mitin que incluyó oraciones en el monumento del Cristo Redentor de la ciudad de Santa Cruz, arrodillados, rezando y pecando, para empatar.

Arce anunció el sábado que había decidido “abrogar la Ley 1386, con el objeto de allanar el camino para que no exista el menor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía”.

Cien detenidos y varios heridos

Las protestas se han caracterizado por marchas y bloqueos de calles, que han derivado en enfrentamientos entre manifestantes, la policía y grupos afines al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), que han dejado más de cien detenidos y varios heridos.

El presidente ha afirmado que detrás del paro, que se cumple parcialmente en varias zonas del país, hay un intento de “tumbar al gobierno”.

El Congreso fue convocado para este lunes para votar la derogación de la ley 1386, aprobada en agosto, que establecía que la estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas “podrá ser ajustada por el Ejecutivo (…) mediante decreto”. El texto causó inquietud en la oposición, que temía que fuera usada como herramienta de persecución política.

En octubre de 2020, con los votos del MAS, el Congreso modificó el reglamento legislativo y redujo de dos tercios a mayoría absoluta la aprobación de ascensos militares y policiales, y el nombramiento de embajadores, entre otras decisiones.

Los principales disturbios se han producido en los departamentos de Potosí, al suroeste, y Santa Cruz, bastión opositor, pero han ocurrido manifestaciones en todo el país.