Los comités cívicos han estado presentes en la política boliviana desde hace varias décadas y, al parecer, se mantendrán en ella muchos años más.

A diferencia de lo que puede pensarse desde el exterior, donde se acostumbra a relacionar estas figuras con protestas, disturbios, brotes racistas o golpes de Estado, resulta que realmente los comités cívicos son mucho más que eso: tienen un profundo enraizamiento y más que grupos aislados son instituciones dentro de varios departamentos bolivianos, especialmente en Santa Cruz, pero también en Potosí, Pando, Beni, Tarija y Chuquisaca.

Por ello, para analizar la derecha boliviana, y también la oposición al actual presidente Luis Arce –así como a su antecesor Evo Morales–, hay que comprender que estos comités cívicos son organizaciones que no están sustentadas en el aire, sino que desde mediados de siglo pasado están construyendo institucionalidad y en los espacios que dominan tienen bases de apoyo que se movilizan con firmeza. Entre otros episodios, habría que recordar las proclamas separatistas que proponían una media luna territorial que se separara de Bolivia en 2008, en la que ellos fueron protagonistas.

El tema étnico es de primer orden en Bolivia y estos comités forman parte del polo conservador que ve con recelo, históricamente, a los indígenas.

A escala nacional, los comités cívicos no solo son minoritarios, son también la muestra más fehaciente del racismo que impera en el orden establecido.

Más que un grupo o partido es una organización ciudadana que reúne a empresarios, profesionales, ganaderos, transportistas, medios y periodistas. Estos gremios tienen representantes en la estructura de los comités cívicos, que agarraron vuelo en la política muchos años antes del triunfo de Morales, especialmente en su denuncia y movilización contra la centralización y por demandas regionalistas.

Sin embargo, ha sido después del mandato de Morales que esta institucionalidad comenzó a segregar públicamente su odio contra el campesinado, los indígenas y la propuesta de cambio que ofertaba quien fuera presidente desde 2006. A partir de allí, los comités cívicos se constituyeron en el pivote movilizador de la oposición.

A escala nacional, los comités cívicos no solo son minoritarios, son también la muestra más fehaciente del racismo que impera en el orden establecido. El actual gobernador y expresidente del comité cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es ya famoso por haber sido la punta de lanza del golpe de 2019. Llegó prácticamente sin esfuerzo al Palacio de Gobierno, cuando Morales ya había renunciado, con Biblia en mano e impulsando el linchamiento de los líderes del Movimiento al Socialismo (MAS). Sin embargo, en las presidenciales de 2020 sacó apenas 14 % de los votos nacionales contra 55 % de Luis Arce.

A pesar de su pública postura golpista y anti-indígena, el Gobierno de Bolivia no ha podido enjuiciarle, lo que es una de las principales demandas de los líderes y las bases de los movimientos indígenas y sindicales y también muestra de su debilidad. Hace pocos días, el comité cívico potosinista declaró al presidente persona ‘non grata’.

El pasado 9 de diciembre, Marco Antonio Pumari, expresidente del Consejo Nacional de comités cívicos de Bolivia (Concipo), fue detenido. Y también se habla de operativos policiales para detener a otros líderes que estuvieron relacionados con las recientes protestas.

Sin embargo, la detención de Pumari ha sido apoyada por la central de campesinos de Bolivia, que considera que su enjuiciamiento debe ser el inicio de un conjunto de acciones que confronten los delitos cometidos durante las violentas protestas de 2019, que dieron al traste con la democracia durante un año.

La ‘ley madre’ o el error de Arce

Una vez producido el contundente triunfo de Luis Arce en 2020, la detención de la expresidenta de facto Jeanine Añez y tras la división y fracaso electoral de la oposición, además en medio de una recuperación económica, se esperaba que las aguas quedaran encauzadas por un buen tiempo, pero allí vino el error.

El gobierno quiso aprobar un paquete de leyes, llamado la ‘ley madre’, en relación con su estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, lo que volvió a encender las protestas en noviembre y poner a los comités cívicos en el protagonismo público. El paquete tuvo que ser derogado por el propio gobierno, para aplacar la conflictividad.

Al parecer, el principal error de Arce con relación a esta Ley se debió a que afecta a los sectores informales en una economía que, como las latinoamericanas, es mayoritariamente informal, lo que molesta no solo a los sectores conservadores, sino también a una buena parte de la base de apoyo del propio gobierno.

A un año de la gestión de Arce, el problema real es que sus adversarios, los comités cívicos, no solo están más fuertes, sino que han demostrado que son incontrolables incluso después de sus derrotas electorales.

Con esas jornadas de noviembre se acabó la luna de miel que había tenido Arce, sustentada por la debilidad post-golpista de los sectores radicales. Ahora, se visualiza un Ejecutivo más débil, al que le cuesta dar pasos decisivos y siempre actuando con enorme desconfianza de sus Fuerzas Armadas.

El problema estructural que afronta Arce, así como lo tuvo Evo Morales, es que su movimiento no ha podido hegemonizar las Fuerzas Armadas y policiales, quienes fueron permisivas en los ataques opositores en 2019 y luego duramente represivos contra las manifestaciones que rechazaron el golpe.

Cuando el estamento militar cede, entonces las comités cívicos, y con ellos las sociedades criollas de Bolivia, toman la iniciativa de manera agresiva y pueden generar daños profundos, a pesar de su poca inserción en las mayorías bolivianas.

El actual gobierno necesita, por ende, mantener cohesión en torno a los sectores militares. De hecho, en noviembre hubo cambios importantes en la cadena de mando, para que sus acciones puedan tener proyección y estabilidad, justo lo contrario a lo que pasó con la iniciativa legal fracasada.

A un año de su gestión, Luis Arce puede lucir un poco más débil, pero el problema real es que sus adversarios, los comités cívicos, no solo están más fuertes, sino que han demostrado que son incontrolables incluso después de sus derrotas electorales.

Se trata, como hemos dicho, de núcleos conservadores minoritarios pero enraizados en algunos departamentos, lo que quiere decir que, independientemente de la estrategia represiva contra ellos, seguirán existiendo y formando parte importante de la política boliviana.

Tal como está cerrando este 2021, es de esperarse que 2022 sea un año en el que estas figuras sigan entorpeciendo la gestión de Arce, veremos cómo se desarrolla el conflicto y el peso que nuevamente podrían tener.

 

Ociel Alí López