La Conferencia Episcopal Española reconoció que casi 1.000 propiedades en el país fueron registradas como pertenecientes a la Iglesia católica a pesar de que no hay ningún documento que lo fundamente.

La Iglesia católica ahora empezará un proceso para “regularizar” esas propiedades, según un comunicado conjunto emitido el lunes por la Conferencia Episcopal y el Ministerio de la Presidencia de España, que maneja los asuntos religiosos en este país europeo.

Las diócesis y las parroquias individuales durante años usaron su influencia en los registros civiles y una reforma legal emprendida por una administración conservadora para registrar iglesias y sus terrenos adyacentes, instalaciones educativas, monasterios, edificios residenciales e incluso terrenos vacíos.

Basado en una ley aprobada en 2017, el gobierno del presidente Pedro Sánchez enumeró unas 35.000 propiedades registradas a la Iglesia católica entre 1998 y 2015, incluyendo unos 20.000 lugares religiosos y cerca de 15.000 instalaciones no religiosas.

Las negociaciones entre las dos partes llevaron a la creación de una comisión conjunta para evaluar esa lista, tras lo cual la Conferencia Episcopal determinó que 965 edificios fueron registrados “erróneamente”.

El anuncio del lunes surgió luego de un encuentro entre Sánchez y el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Juan José Omella.

Las relaciones entre las dos partes han sido tensas bajo el gobierno de Sánchez debido a temas de impuestos, fondos públicos para la Iglesia y el manejo por parte de la jerarquía católica de denuncias de abusos sexuales por parte de curas.