Los empresarios de Santa Cruz, la mayor región de Bolivia y considerada el motor económico del país, decidieron secuestrar la capital del departamento forzando a un paro para presionar al gobierno a intervenir en una serie de juicios que persiguen a sus líderes.
Los ciudadanos tendrán restringidos sus derechos constitucionales al libre tránsito, el trabajo y el ocio, por decisión del grupo empresarial que lideró las protestas que derrocaron a Evo Morales en el 2019.
En una rueda de prensa, el presidente del autodenominado Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, manifestó que “la renovación de la justicia tiene que ser ya” y acusó al Gobierno del presidente Luis Arce de dedicarse a “perseguir” a los líderes de oposición. Calvo tiene un juicio pendiente por abandono de deberes como doctor de una entidad pública.
Calvo aseguró que el Gobierno bajo acusaciones de un “un falso golpe de Estado”, por los hechos relacionados a la crisis de 2019, “tiene detenidos a varios dirigentes” y que la protesta de la siguiente jornada “es un paro de reclamo” y de “consciencia”.
En 2019, Bolivia atravesó por una de las crisis más serias de su historia reciente que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales que habló un “golpe de Estado” en su contra en medio de denuncias de fraude en los comicios generales de ese año.
Tras la llegada de Arce al Gobierno, la Fiscalía activó procesos judiciales al considerar que hubo irregularidades cuando la entonces senadora Jeanine Áñez asumió la Presidencia al no estar en línea de sucesión constitucional.
A raíz de eso, Áñez y dos de sus exministros están a punto de cumplir un año de reclusión mientras que también han sido procesados exjefes militares y policiales, junto a exlíderes cívicos enjuiciados por alentar las protestas y causar destrozos durante aquellas jornadas.
Calvo aseguró que el paro de este viernes “es un paro ciudadano” y que es una respuesta a la instrumentalización de la justicia que, según dijo, necesita “cambios”, además de la exigencia de que se realice el censo poblacional. Sin embargo, su organización no cuenta con un sistema de elección democrática y sus líderes son impuestos a dedo.
A finales del año pasado, los líderes cívicos cruceños junto a comerciantes y transportistas apuntalaron un paro nacional de nueve días contra una que perseguía las ganancias ilícitas, defendiendo así los ingresos del narcotráfico y la corrupción.
Aquel momento el Gobierno aseguró que la protesta buscaba en realidad la “impunidad” de los responsables de la crisis de 2019 y que se trataba del intento de un “segundo golpe de Estado”.
Pese a que Calvo aseguró que la medida convocada para este viernes cuenta con el respaldo de sectores de transportistas y comerciantes, aunque algunos grupos de sectores sociales afines al Gobierno han asegurado que no acatarán el paro.
La protesta prevista en Santa Cruz, se produce a más de una semana de la visita del relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, que aseguró que la independencia judicial “es una tarea pendiente” en Bolivia.
El Gobierno trabaja en una propuesta de reforma judicial que el año pasado ha tenido al menos dos intentos de lograr transformaciones sin resultado y ha anunciado para este mes ha fijado una “cumbre judicial” para recibir propuestas de transformación.