La guerra es la situación más insostenible que existe. Muerte, destrucción, poblaciones arrasadas… Se despilfarra dinero en armamento, se destruyen hospitales, escuelas, infraestructuras. Si esto ocurre en el siglo XXI y además hay armas nucleares (o centrales nucleares en el campo de batalla), estamos en un escenario suicida (y criminal) que puede acabar con la vida de todos. Si encima se reparten armas sin tener la certeza de cuál va a ser su destino final, se pueden estar sentando las bases del terrorismo de los próximos 30 años. Respecto a la sostenibilidad, el panorama también es letal. Se desploman, en el peor de los sentidos, todos los indicadores que han costado décadas articular: la desigualdad, la descarbonización, la biodiversidad, la investigación, la cultura, las relaciones internacionales… Lo midamos como lo midamos, es un absoluto desastre. Podemos calibrarlo con los objetivos de desarrollo sostenible, con los índices de desarrollo humano, con los de felicidad, con los índices de sostenibilidad ambiental de Yale o Columbia… Todos se desploman.

Mientras, nuestras élites, de una forma un tanto frívola y al parecer sin agotar todas las vías diplomáticas, se entregan a una especie de ardor belicista en el conflicto más grave y peligroso en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, enviando armas para aumentar la su virulencia. Lo más inteligente y sostenible es, por supuesto, iniciar conversaciones en territorio neutral y bajo el amparo de Naciones Unidas para detener esta locura y volver cuanto antes a la paz.

En Europa, asistimos aturdidos a una guerra que parecía impensable hace tan solo un mes mientras vemos cómo se derrumba el escaso poder adquisitivo de una gran parte de la población. Suben los precios energéticos (electricidad, gasolina, gasoil, butano). Sube la cesta de la compra. Y ya se adivinan efectos importantes en la alimentación por las importaciones de piensos, que afectan a la ganadería, o directamente a nuestros hábitos alimentarios, como ocurre con el aceite de girasol. La guerra puede originar una crisis mundial de alimentos, tanto por afectar a la producción del llamado ‘granero de Europa’ (Ucrania y Rusia) como por los efectos en los precios del combustible necesario para producir los abonos sintéticos. Y el daño no está limitado geográficamente, se extiende a docenas de países aparentemente muy alejados del conflicto, como Yemen.

Los ‘frentes’ de la guerra

Repasemos algunos de los efectos de la guerra. El más lamentable, obviamente, son las muertes. Las cifras son inciertas pero se estima que habría 20.000 víctimas mortales entre ambos países. Además, ya han salido de Ucrania más de 3 millones de personas refugiadas, según Naciones Unidas, y se podría llegar a las 5 millones. Eso sin contar los 2 millones que hay desplazados dentro del país.

Respecto al apartado nuclear, es evidente que el riesgo es enorme. Ucrania tiene 15 reactores (ocho de ellos en funcionamiento) y podrían tener serios problemas de seguridad. Para empezar, podrían ser tomados por fuerzas militares o paramilitares. También está la tristemente famosa central de Chernóbil, que seguirá suponiendo un grave riesgo en los próximos miles de años y cuya plantilla, en los últimos días, ha acumulado más de 600 horas sin rotar a sus más de 200 operarios. Todo esto sin contar lo inimaginable: la posible utilización de misiles nucleares, que nos podría llevar, esta vez sí, a escenarios de colapso inmediato.

Respecto al cambio climático cualquier guerra supone más emisiones y menos inversiones para adaptación. La respuesta energética de la UE a la invasión de Ucrania amenaza la descarbonización prevista hace solo un año: una reducción de al menos un 55% en sus emisiones de CO2 para el final de la década respecto a los niveles de 1990. El cumplimiento de este objetivo (vinculante desde el punto de vista legal) es muy probable que quede postergado en el tiempo. La descarbonización inmediata ha quedado aplazada por la asignación de recursos a la guerra y porque los imprescindibles presupuestos para adaptación han quedado también pospuestos. Una vez más, lo urgente se adelanta a lo importante.

En energía, la guerra ha llevado a una situación de crisis comparable a la del petróleo en 1973. La subida de precios y la pobreza energética ha puesto de nuevo sobre la mesa el tema del carbón. Países como Alemania, por ejemplo, están quemando más carbón, además de retomar las prospecciones petrolíferas y de importar más gas natural licuado. Toda la UE ha incrementado sus importaciones de este tipo de gas, extraído mediante la minería de esquistos, es decir, por fracking, en Canadá y Estados Unidos. Esta modalidad provoca mayores emisiones e impactos medioambientales. Y hay que someterlo a procesos de presurización y despresurización; hay que transportarlo en buques metaneros y, por supuesto, es más caro. El alemán Patrick Graichen, secretario de Estado para el clima, ya ha admitido que la guerra en Ucrania «ha roto la narrativa del gas natural como tecnología puente» en la transición energética. Su país ha reactivado plantas de generación con carbón, el combustible fósil que más CO2 emite a la atmósfera y responsable del 40% de las emisiones globales de efecto invernadero.

Respecto a los mercados alimentarios se observa el encarecimiento de materias primas como los cereales o las semillas oleaginosas (como las del girasol). Los efectos de esta alza de precios van desde Brasil hasta Yemen… o España. Nuestro país tiene déficit en la producción de cereales: importa de Ucrania el 30% del maíz que necesita anualmente, el 17% del trigo, el 60% del aceite de girasol y el 15% de las leguminosas. Una parte importante de estos productos está destinada a la ganadería intensiva. Miles de macrogranjas pueden ver comprometido su futuro a corto plazo si no encuentran proveedores alternativos.

El aumento de los precios de los combustibles altera de forma radical el transporte al encarecer cualquier producto pero, además, hace que determinados movimientos de mercancías ni siquiera sean rentables. Estos hechos están produciendo huelgas de transportistas y una enorme convulsión en nuestro país, sobre el que pesa una amenaza de desabastecimiento que afectaría a hogares y empresas. Ni siquiera está asegurado que el combustible llegue a las gasolineras. El transporte aéreo, por su parte, también ha sido alterado, no sólo por el incremento de los precios del combustible sino por la imposibilidad de sobrevolar los países en guerra, lo que acaba alargando el tiempo de las rutas.

El turismo, sin duda, también será afectado, y hay que recordar que los dos años de pandemia ya habían golpeado fuertemente al sector. Se pasó de los 83 millones de turistas a los 18 millones en 2020, en pleno auge de la COVID-19. En 2021 se recuperó algo, llegando a los 31 millones de visitantes, pero será difícil mantenerlos en un 2022 marcado por la incertidumbre.

Respecto a la desigualdad, ya estamos viendo cómo va a afectar a los de siempre. La pobreza energética se ha acentuado y seguirá haciéndolo a causa de unos precios energéticos inasumibles, y alcanzará a sectores cada vez más amplios de la sociedad. El drama local, en cualquier caso, es menor comparado con el de los millones de refugiados ucranianos que han sido desposeídos de todo y que ahora atraviesan Europa.

Las políticas sociales, de educación, de sanidad y las ambientales (las referidas al cambio climático y a la conservación de la biodiversidad) tendrán menos recursos al aumentar las prioridades en el gasto de Defensa. España ya ha anunciado que incrementará al menos un 20% su gasto militar en dos años. Las relaciones internacionales y las alianzas también se han deshecho, creándose otra vez grandes bloques y abriendo la posibilidad de una nueva Guerra Fría que costará décadas desmontar. En definitiva, tragedia por todas partes.

Lecciones por aprender

De anteriores crisis, como la ya mencionada del petróleo de 1973, que motivó la creación de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), parece que no aprendimos mucho. Se habló durante décadas del «aumento de la eficiencia» de los combustibles, con el que se suponía que íbamos a ser menos dependientes de los hidrocarburos y más sostenibles. No funcionó, y pasamos a ser aún más dependientes y a sufrir una crisis como la actual. Se cumplió la famosa paradoja de Jevons. También se dijo que con la crisis de la COVID-19 aprenderíamos a valorar y cuidar la sanidad pública, a manejar racionalmente el teletrabajo, a fomentar la biodiversidad en las ciudades. Dos años después del primer confinamiento, parece que tampoco ha habido grandes avances en esas materias.

Hay, sin embargo, ciertos aspectos, en forma de lecciones aprendidas, que nos pueden ayudar a ver esta tragedia como una ventana abierta: concretamente como la Ventana de Overton. Se trata de un modelo para entender toda la gama de ideas que la gente está dispuesta a considerar y aceptar. Esa ventana es capaz de cambiar, a veces de forma drástica, permitiendo la aceptación de ideas que antes podían parecer descabelladas. Esta tragedia obliga a pensar en la necesidad de aumentar la independencia y la disminución de riesgos en todos los sentidos, tanto en el energético como en el de la seguridad alimentaria. Por ejemplo, reducir el consumo de hidrocarburos puede acelerar el despliegue de renovables, incluido el autoconsumo eléctrico. Los ridículos precios (por elevados) actuales de la energía deberían encaminarnos hacia un mercado más justo y no indexado con el gas ni con la producción hidroeléctrica (que ha llegado a superar los 500 euros por megavatio hora).

A continuación, se proponen una serie de medidas que podrían financiarse con los famosos fondos Next Generation, una vez los gobiernos hayan solucionado esta crisis de precios en la energía que tanto daño está haciendo a una parte importante de la población. No estaríamos donde estamos si se hubieran adoptado hace décadas, avanzando en serio hacia la sostenibilidad.

– En energía, es evidente la necesidad de incrementar el autoabastecimiento masivo con la instalación de millones de tejados solares. La Administración ha dilatado el proceso durante años y las compañías eléctricas durante décadas. Ahora deben ser instalados en tiempo récord. Pero es posible, como ha demostrado Vietnam, donde en un solo año se instalaron 9 GW en paneles solares. La medida disminuiría el precio de la luz no solo este año sino los venideros.

– Programa intensivo de ahorro y eficiencia energética. La energía que no se consume es la que menos contamina.

– Aumento de energías renovables. Para que España y Europa cumplan sus objetivos climáticos de cara a 2030 deben triplicar la capacidad eólica y solar instalada. Pero esto también debe hacerse con un respeto exquisito hacia la biodiversidad y hacia la opinión de la gente, lo cual es un auténtico desafío (que no se está abordando).

– La rehabilitación del parque de edificios va a ser determinante en condiciones de aumento de temperaturas y permitirá un gran ahorro energético.

– En alimentación hay que volver a los recursos cercanos, fomentando el comercio de proximidad, sin necesidad de transportar mercancías a lo largo de miles de kilómetros (algo muy habitual en los mercados españoles).

– Aumento en la siembra de cereales y oleaginosas para disminuir la dependencia exterior.

– Promoción de la agricultura y la ganadería ecológicas, menos dependientes de abonos, pesticidas, antibióticos, etc.

– Fomento del tren para el transporte de mercancías. En España, las cifras del transporte por carretera son exorbitantes: mueve más del 95% de las mercancías.

De la desgarradora tragedia ucraniana, como de todas las crisis anteriores, deberían sacarse lecciones importantes. La primera decisión ha de ser parar inmediatamente la guerra. Su final no debería aplazarse ni un solo día más. La adopción de medidas climáticas tampoco.

Fernando Prieto es doctor en Ecología y director del Observatorio de la Sostenibilidad (OS).