El Gobierno de Iván Duque no quiere sorpresas. Así como hizo Álvaro Uribe una década atrás con sus socios de las Autodefensas Unidas de Colombia, Duque decidió extraditar a EE.UU. a Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo, poco después de que el paramilitar dijera que él y su grupo pagaban a generales del Ejército..

“Colombianos, quiero informarles que ha sido extraditado Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Este delincuente es solamente comparable con Pablo Escobar y no solamente se trata del narcotraficante más peligroso del mundo, sino de un asesino de líderes sociales, abusador de niños, niñas y adolescentes, asesino de policías”, dijo Duque al anunciar la deportación.

Alias Otoniel, detenido en octubre del año pasado, fue trasladado desde una sede de la Policía en Bogotá a la base militar de Catam, anexa al aeropuerto internacional El Dorado, donde abordó un avión en el que fue entregado a autoridades de EE.UU., según imágenes divulgadas por las autoridades colombianas en las que el capo aparece cabizbajo y esposado.

El jefe del Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia, es requerido por la Justicia de EE.UU. por delitos relacionados con narcotráfico.

Recurso para frenar la extradición

La semana pasada, el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia, suspendió provisionalmente la extradición de Otoniel para estudiar un recurso presentado por víctimas de su organización criminal.

El recurso de amparo fue interpuesto por representantes de la Comunidad de Autodeterminación y Vida Digna del Cacarica, de la Comunidad de las Camelias y del Consejo Comunitario Cabeceras, así como de la Comunidad de Pichima, el Cabildo Mayor de Murindó y la Comunidad de Jiguamiandó en el departamento del Chocó.

Ellos buscaban la protección de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación por lo que pidieron a la Justicia que Úsuga no fuera extraditado hasta tanto diera su versión sobre lo ocurrido con esas comunidades a manos del Clan del Golfo.

Sin embargo, el Consejo de Estado señaló que avaló la extradición porque “los efectos de la protección que se pretendía, mediante la medida provisional adoptada, se encuentran desvirtuados”.

En Colombia, Otoniel tiene 122 órdenes de captura y 6 sentencias condenatorias, entre ellas 2 de 40 y 50 años de prisión, por homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito de menores, entre otros delitos.

Militares untados

Durante 10 horas y dos encuentros con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Dairo Antonio Úsuga, “Otoniel”, entregó las que podrían ser sus últimas declaraciones con la justicia colombiana antes de ser extraditado a Estados Unidos. Durante las sesiones, salpicó a altos mandos de la Fuerza Pública como los generales (r) Mario Montoya y Leonardo Barrero Gordillo.

Ante magistrados, víctimas y abogados, el exjefe del Clan del Golfo habló sobre su responsabilidad como líder de grupos paramilitares y guerrilleros, y acusó a Montoya y a Barrero de poner dinero, armas y logística a merced de los ilegales.

Según “Otoniel”, desde las Autodefensas Unidas de Colombia y el Clan del Golfo llegaron a tener una “nómina” de militares que se dejaban sobornar a cambio de mantener impunes a los integrantes de esas bandas y realizar cambios estratégicos dentro del Ejército.

Sobre esto último, dijo que Montoya recibió varios fajos de billetes y un apartamento para trasladar a Barrero a una zona donde ellos estaban operando.

Dichas afirmaciones, que han sido negadas por ambos exmilitares, se suman a las múltiples declaraciones que enlodan a los dos generales (r) con falsos positivos y financiación a grupos antisubersivos. Barrero, por ejemplo, resultó salpicado también en una investigación que lo señaló a él como integrante de una red de oficiales y suboficiales que operaba al servicio del criminal alias Matamba, quien se fugó de La Picota en marzo de este año.

Masacres y falsos positivos

Las reuniones con el excapo se convocaron por petición de las víctimas y se realizaron de manera exprés estos martes y miércoles para evitar riesgos de que fuera enviado a Nueva York antes de hablar con la JEP.

EL COLOMBIANO confirmó con fuentes en la JEP y con la defensa de Úsuga que durante las audiencias hubo preguntas directas de los abogados de las víctimas a “Otoniel” y que en las reuniones se trataron temas como la financiación de los grupos armados, la masacre de Mapiripán y los falsos positivos.

En cuanto a la masacre, se sabe que “Otoniel” dio un reversazo y se retractó de su declaración inicial –en la que le había asegurado a la JEP no saber nada sobre esos hechos– para, ahora sí, contar cómo se habrían gestado esos homicidios múltiples que dejaron más de 50 víctimas en Meta durante 1997.

Según esta nueva versión, Úsuga y casi otro centenar de paramilitares se habían trasladado en avión desde la subregión de Urabá, en Antioquia, con la complicidad del Ejército para asesinar a supuestos colaboradores de la guerrilla.

Dentro de ese apartado, Otoniel tachó al general (r) Jaime Uscátegui como un puente entre los paras y el Ejército. Pero ese no es un dato nuevo, pues se sabe que Uscátegui fue condenado a 40 años de prisión porque, según la investigación judicial, supo de la incursión de las AUC en ese territorio y actuó apenas 5 días después, cuando los paramilitares ya se habían ido.

Por ahora, el Gobierno trabaja a toda marcha para enviarlo a celdas estadounidenses lo antes posible. Mientras eso ocurre, “Otoniel” sigue cada vez más acorralado: su hermana también será enviada a EE.UU. y sus aliados siguen siendo capturados por las autoridades.

El más reciente fue el narcotraficante Eduard Giraldo, alias Boliqueso, quien fue capturado en México este miércoles gracias a un operativo conjunto entre cinco países (Ver: Protagonistas).