Revolcón militar y apuesta por la paz, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad

El mandato de la misma, la cual se creó tras la firma de los Acuerdos entre el Estado y la desaparecida guerrilla de las FARC, echó a andar en noviembre de 2018 y concluirá formalmente el 29 de agosto de 2022, cuando se hayan hecho públicos todos los capítulos -los 10- del Informe y este haya sido divulgado y socializado por todo el territorio, con el objetivo de que todos los actores que conforman la sociedad colombiana -políticos, sociales y económicos- tengan acceso a las entrañas de más de seis décadas de zozobra para, desde ahí, poder construir un nuevo tiempo.

Este martes, en el acto de presentación de dicho documento en el mítico teatro Jorge Eliécer Gaitán, en el centro de Bogotá, el presidente de la Comisión, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, junto a nueve de los 11 comisionados que han liderado esta ardua tarea, dio a conocer el Capítulo 10 del Informe, donde además de sintetizar el grueso de los hallazgos realizados por el ente, también quedan reflejadas las recomendaciones que se le hacen al Gobierno para la superación efectiva del conflicto.

“La verdad tiene un sentido, que no es el de la venganza, sino el del diálogo, el acuerdo, la convivencia y la reconciliación”, manifestó Gustavo Petro, presidente electo, que tomará posesión el 7 de agosto y que este martes, al contrario que el mandatario saliente, Iván Duque, sí estaba presente en la ceremonia de la Comisión de la Verdad.

“Leeré las recomendaciones que se me hacen, que se le hacen al pueblo colombiano, al Estado y a toda la sociedad”, añadió Petro, quien también subrayó que su Gobierno, junto a su vicepresidenta, la abogada y lideresa ambientalista Francia Márquez -que fue víctima del conflicto-, harán “efectivas” las recomendaciones. 

El padre De Roux hizo asimismo un llamado a “sanar el cuerpo físico y simbólico, pluricultural y pluriétnico que formamos como ciudadanos y ciudadanas de esta nación”. Entonces, enumeró algunos de los territorios más afectados por más de seis décadas de violencia armada:

“Cuerpo que no puede sobrevivir con el corazón infartado en Chocó, los brazos gangrenados en Arauca, las piernas destruidas en Mapiripán, la cabeza cortada en El Salado, la vagina vulnerada en Tierralta, las cuencas de los ojos vacías en el Cauca, el estómago reventado en Tumaco, las vértebras trituradas en Guaviare, los hombros desplazados en el Urabá, el cuello degollado en el Catatumbo, el rostro quemado en Machuca, los pulmones perforados en las montañas de Antioquia y el alma indígena arrasada en el Vaupés”, concluyó el sacerdote, arrancando los aplausos de las gradas del teatro y las lágrimas de algunos asistentes al evento.

Entre las recomendaciones para superar ese “dolor” están, entre otras, la transformación de la seguridad y la defensa con un enfoque de paz; la implementación íntegra de los Acuerdos de Paz; el fin del prohibicionismo para con las drogas y la estrategia de guerra contra los narcóticos; el llamado al diálogo con la guerrilla del Ejército de la Liberación Nacional y la inclusión de las comunidades históricamente marginadas, como las indígenas, afro, palenqueras, raizales o rom.

France 24 destaca cinco puntos claves de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad al Estado colombiano.

• Transformación de la doctrina militar y respaldo a la protesta pacífica

En términos de seguridad y defensa, la Comisión plantea hacer una “reflexión” que implica aristas elementales como la generación de una “nueva visión” de la seguridad como un “bien público”; la puesta en marcha de diálogos horizontales entre las instituciones del Estado y las comunidades y la transformación de la seguridad y la defensa a partir de una comisión destinada a tal fin.

Con el fin de “disminuir la militarización, poner en el centro el cuidado de la vida, la garantía de los derechos humanos y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario”, la Comisión presenta como clave el “direccionamiento civil de las Fuerzas Militares y la Policía”. 

Así las cosas, la Comisión alude, concretamente, a suprimir la pertenencia del cuerpo de la Policía Nacional al Ministerio de Defensa “para avanzar en el fortalecimiento de su carácter civil”, adscribiéndola al Ministerio del Interior, como rige en la mayoría de los países.

Además, la Comisión de la Verdad recomienda llevar a cabo la derogación de la obligatoriedad del servicio militar y la reducción del presupuesto de las fuerzas de seguridad “para que sean adecuadas a las necesidades institucionales y operaciones que se establezcan con la nueva visión de seguridad”.

“En el cierre del conflicto, y pensando en construir nuevas narrativas, hay que pensar en cómo el Estado puede dejar de estar presente en las regiones remotas solamente de manera militar y segundo, cómo las Fuerzas Armadas están realmente garantizando la seguridad, que es un foco de derechos humanos. Ahí está lo central y creo que por la narrativa que se construyó del enemigo interno, a las FFAA les cuesta mucho aceptar eso”, dice la analista y experta Nargy Vargas en entrevista con France 24 de cara a las tensiones que pueden generar estas recomendaciones en algunos sectores de la sociedad.

Por otra parte, el Informe Final hace una llamado a que las autoridades del Estado colombiano refuercen con “mensajes públicos” el “respeto y respaldo a las manifestaciones legítimas de protesta social, y de rechazo a la violencia como medio de resolución de la conflictividad social”, así como recomienda que la Fiscalía cree un mecanismo para revisión y evaluar el “Protocolo de verificación de capturas, aprehensiones, traslados por protección y traslados por procedimiento policivo” de personas que hayan participado en las protestas sociales.

• Implementación de los Acuerdos y creación del Ministerio de la Paz

Otra de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad pasa por que el nuevo Gobierno haga una apuesta decidida por la implementación integral y efectiva de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado y las extintas FARC, que asimismo dieron pie al nacimiento de la Comisión.

“Al Gobierno Nacional, a las autoridades territoriales y al Congreso de la República, garantizar el cumplimiento pleno e integral del Acuerdo Final de Paz, desarrollando un plan de impulso a la implementación de todos los puntos del Acuerdo con enfoque territorial, étnico, de género y de derechos de las mujeres“, reza el documento.

Para ello, desde el organismo sugieren establecer un diálogo abierto entre las instituciones, las instancias de seguimiento del cumplimiento de los Acuerdos así como las autoridades territoriales y étnicas y las organizaciones que han participado del monitoreo. A partir de ahí, la recomendación es “establecer tiempos” que le den “claridad frente al horizonte de implementación” y “fortalecer el seguimiento con informes públicos y periódicos con enfoque territorial, étnico, de género y de derechos de las mujeres”.

También se apuesta por la profundización de la construcción de la paz en los territorios, la aceleración de la implementación de lo dispuesto en el capítulo étnico y de género de los Acuerdos, cuyas fallas en la actualidad son grandes; así como la apuesta por un incremento de la financiación y las garantías para llevar a cabo la nueva estrategia de seguridad.

En el Informe también se subraya la desaceleración de la implementación de los Acuerdos en los últimos años, especialmente en lo que atañe a la atención de las víctimas y a la participación política.

Otra de las recomendaciones de la Comisión es que el nuevo Gobierno promueva la creación del Ministerio para la Paz y la Reconciliación, que apueste por “un claro enfoque territorial, que adicionalmente articule las políticas, programas y proyectos que se encuentran dispersos en diferentes sectores y entidades limitando su alcance e impacto y dificultando la recuperación del tejido social afectado por el conflicto armado y el restablecimiento de la confianza en la institucionalidad, ambas condiciones necesarias para potenciar los efectos de las medidas propuestas y hacer de la paz territorial un proceso sostenible”.

Según las recomendaciones, el Ministerio de la Paz podría trabajar junto con los de Educación, del Interior, de las Tecnologías de la Información y Comunicación para garantizar una política pública de la paz bien cimentada.

Entre las recomendaciones que el Informe Final de la Comisión expuso este 28 de junio está retomar los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y “avanzar en la formulación e implementación de una política de sometimiento a la justicia, tanto individual como colectiva, que ofrezca incentivos razonables, que ponga en el centro a las víctimas y garantice los derechos a la verdad”.

Durante el Gobierno del conservador Iván Duque, cualquier atisbo de diálogo con este grupo armado ilegal quedó dinamitado a principios de 2019, cuando la estructura ilegal fue autora, presuntamente, de un atentado con explosivos a la Escuela de Policía General Santander, que se saldó con 21 muertos y 68 heridos en Bogotá.

Gustavo Petro ya anunció durante la campaña electoral que quiere desmarcarse de la estrategia de su antecesor y que contempla diálogos y una estrategia de sometimiento para el ELN. De este modo, estaría dispuesto a hacer suya la recomendación de la Comisión, que además le insta a “facilitar la creación de las condiciones e incentivos necesarios para la negociación, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas en intentos pasados”.

Por otro lado, el Informe Final sugiere al ELN que adopte medidas y tenga gestos que caminen en la dirección de la generación de confianza, el respeto a los organismos humanitarios y el Derecho Internacional Humanitario así como a la desescalada del conflicto.

Para el resto de estructuras armadas ilegales, la Comisión aboga por un desmantelamiento pacífico a través de una estrategia de sometimiento individual y colectivo que ofrezca garantías de Justicia y reinserción a los miembros de esos grupos.

• Fin a la guerra antinarcóticos y a la estrategia prohibicionista de las drogas

Colombia ha estado durante décadas apostando por una guerra contra las drogas, aupada por el apoyo de Estados Unidos a partir del Plan Colombia, un proyecto multimillonario para llevar a cabo esta estrategia que, sin embargo, no ha ofrecido resultados efectivos en la lucha contra la producción de clorhidrato de cocaína, que en los últimos años se ha mantenido en cifras máximas en la serie histórica.

Es por ello, entre otras cosas, que desde el Informe Final de la Comisión de la Verdad se recomienda a los actores implicados abandonar esa estrategia, la cual también ha incluido las aspersiones con glifosato -un químico que se ha probado perjudicial para la salud- como parte de los métodos de erradicación de cultivos ilícitos.

Así, el Informe sugiere “enfrentar el tema de los cultivos desde un enfoque de desarrollo sostenible que deje atrás la visión del problema como un asunto de seguridad nacional, renunciando definitivamente a la aspersión sobre la base de la evidencia”.

Además, se aboga por el fortalecimiento de las investigaciones para buscar usos alternativos de la hoja de coca y la marihuana, como también el respeto a las comunidades étnicas y campesinas que utilizan estas hojas desde su ancestralidad.

A corto plazo, el Informe recomienda “implementar un cambio sustancial en la política de drogas, teniendo en cuenta la evidencia, que incluya superar el prohibicionismo y transitar a la regulación de los mercados de droga“.

Asimismo, sugiere “liderar y promover un debate internacional para la modificación del régimen global basado en la prohibición de las drogas y así avanzar hacia un régimen regulatorio. Realizar la Conferencia Internacional propuesta en el Acuerdo Final de Paz es un primer paso en este sentido”, reza el documento.

En otra línea, desde la Comisión se sugiere a todos los actores implicados que garanticen diálogos con las comunidades, la academia y las organizaciones de derechos humanos sobre la implementación de dicha política de drogas en los territorios.

Sobre los cultivos de coca, específicamente, se apuesta en el Informe por “un enfoque de derechos humanos y desarrollo y no como un problema de seguridad nacional”, lo que implica la desmilitarización, por parte del Estado, de la estrategia frente a “cultivos, los territorios y las poblaciones afectadas”.

Acerca del consumo, las recomendaciones giran en torno a la implementación “de la política frente al consumo basada exclusivamente en la prevención y atención, con un enfoque de salud pública, derechos humanos y reducción del daño, dejando atrás la persecución policial y criminalización del consumidor y fortaleciendo la atención al consumo problemático en territorios urbanos y rurales”.

• Una democracia más inclusiva que cuente con las comunidades históricamente excluidas

Las recomendaciones sobre la democracia “incluyente, amplia y deliberativa” del Informe Final tienen como objetivo poner la participación ciudadana en el centro.

Para ello, la Comisión propone “la exclusión de las armas de la política; un sistema político amplio desde las bases sociales, equitativo e incluyente de todos los territorios; un sistema político con garantías de participación para los grupos minoritarios, la movilización y la protesta social; un sistema político garantías para líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y opositores políticos; y un sistema que promueva medidas de inclusión de campesinos y campesinas como sujeto político, de las mujeres y de los pueblos étnicos“.

En este sentido, la apuesta es total por el “diálogo y la participación como herramienta central para resolver conflictos y garantizar los derechos fundamentales”.

Para ello, primero cabría hacer una estrategia de reconocimiento de los déficits que todavía hoy encarna la democracia colombiana. El Informe habla de que una forma para caminar en esa dirección sería la creación de un “Pacto Nacional de rechazo a la violencia y a la combinación de armas y política a través de diálogos que contribuyan a poner fin a la violencia política desde lo local hasta lo nacional”.

Para la democratización de los territorios, la Comisión recomienda cambios que reviertan la subrepresentación de los territorios de la periferia del país “y que tienen los indicadores más altos de pobreza multidimensional”.

Además, se sugieren “medidas para garantizar el ejercicio de una política libre de violencia, en especial para líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, personas en proceso de reincorporación y los llamados opositores políticos y sociales” y que se reconozcan como sujetos políticos a los grupos históricamente excluidos como pueblos indígenas, afros, palenqueros, negros y rom “con medidas de reconocimiento jurídico y material de sus derechos territoriales y sus autoridades”.