Marisa Glave

En menos de un año de gobierno, el presidente Pedro Castillo ya tuvo cuatro gabinetes. Si bien el país venía de una crisis institucional que había generado alta rotación en los cargos ejecutivos, la celeridad de los cambios del actual gobierno ha roto los récords. El promedio de duración de los gabinetes no alcanza los tres meses. Pero lo delicado no es solo la atípica rotación de personas que ocupan los cargos, sino la escasa continuidad programática. El principal problema que afronta el gobierno hoy es la ausencia de un norte claro, más allá de algunos anuncios de corte populista y sin mayor sustento¹. Para entender el laberinto en el que se mueve el presidente, es necesario revisar su breve gestión, marcada por las tensiones con Perú Libre, el partido por el que postuló, y la amenaza de vacancia del Congreso. A esto se suman sus propias dificultades para armar una gestión coherente.

Una victoria inesperada

Pedro Castillo Terrones, profesor rural, sindicalista, hijo de una familia campesina, ganaba en segunda vuelta las elecciones del bicentenario de la independencia peruana con 50,12% de los votos válidos. El candidato cajamarquino hizo del lema «No más pobres en un país rico» el significante vacío en el que miles de peruanos y peruanas depositaron sus propios sueños y expectativas, antes por una lógica de identificación que de convencimiento. Y, no menos importante, su candidatura sirvió para frenar un gobierno de Keiko Fujimori, la hija del ex-dictador. Sea como fuere, el triunfo de Castillo fue calificado como un resultado histórico que rompía con el patrón tradicional del país al ganarle a la candidata del poder constituido².

«¿De dónde salió Pedro Castillo?» fue la pregunta que atravesó el establishment político. El crecimiento de su candidatura se reporta con claridad la penúltima semana de campaña para las elecciones del 11 de abril de 2021. Su postulación había pasado desapercibida para la mayoría de los medios de comunicación «nacionales» que, como es ya una mala tradición en el Perú, son capitalinos, limeños y sin capacidad –ni voluntad real– de informar, y menos aún de entender, los procesos que se generan en el resto de las regiones del país.

Las elecciones de 2021 se inscribieron en un escenario de grave crisis institucional, tras cinco años de convulsión y de enfrentamiento constante entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, que acabaron con la disolución del Parlamento y la elección de uno nuevo para culminar el periodo constitucional, así como con la sucesión de cuatro presidentes en cinco años, uno de los cuales, acusado por la ciudadanía de orquestar un golpe de Estado desde el Congreso, no duró ni una semana en el poder. En medio de esta crisis institucional llegó la pandemia, que puso al Perú nuevamente en los rankings internacionales. Pero esta vez no por su «milagro económico» ni por su alto nivel de crecimiento, sino por ser el país con el mayor número de muertes en la región por covid-19. Literalmente, el país se quedó sin oxígeno para hacer frente a la pandemia.

La ilusión de bonanza económica fruto del neoliberalismo de pronto se desplomó. Apareció con una claridad dolorosa la calamitosa realidad nacional. Los servicios públicos no daban abasto, en particular los sanitarios. En las estadísticas regionales sobre cantidad de camas en las unidades de cuidados intensivos, Perú estaba solo detrás de Guatemala³. El hacinamiento y la precariedad de la vivienda popular redujeron los posibles efectos del confinamiento –uno de los más radicales y largos de la región–, pues las condiciones de habitabilidad no solo no prevenían el contagio, sino que lo promovían⁴. El confinamiento dejó sin ingresos a cientos de miles de familias, en un país donde más de 70% de la población económicamente activa (pea) es informal y vive del día a día y sin ningún sistema de protección social que le permita paralizar sus actividades sin pasar hambre⁵. Crisis económica, crisis sanitaria y crisis institucional simultáneas: una tormenta perfecta.

En ese contexto, con solo 15,3% de los votos emitidos, Castillo ganó la primera vuelta de una elección altamente fragmentada, con 18 candidaturas, en la que los votos nulos y viciados ascendieron a 18,6%, mientras que 30% de los electores y electoras habilitados no fueron a votar. Su contendora en la segunda vuelta, Keiko Fujimori, tres veces candidata, pasó a la segunda ronda con solo 10,9% de los votos emitidos⁶. La polarización se instaló. La derecha y la centroderecha apoyaron rápidamente a Fujimori, incluido el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, otrora enemigo político de Alberto Fujimori y del fujimorismo. El eje de su campaña fue la supuesta defensa de la libertad y la democracia frente al comunismo. En la otra orilla, Verónika Mendoza, candidata de la izquierda urbana, llegó a un acuerdo de gobierno con Castillo sobre la base de compromisos exigidos desde varios movimientos sociales de respeto a la institucionalidad democrática y a la igualdad de género, lucha contra la corrupción y atención a la pandemia⁷, particularmente desde las organizaciones feministas y de derechos humanos.

Negacionismo de las clases altas y surgimiento de la extrema derecha

Keiko Fujimori perdió las elecciones por escasos 44.000 votos, pero ganó con amplitud en los territorios más modernos y con mayor poder económico, en la costa norte y en Lima con más de 60% de los votos válidos. Durante días, no aceptó la derrota y sus seguidores desataron una campaña desesperada alegando un fraude electoral. No podían creer que hubieran perdido contra un profesor rural pese a todo el dinero invertido. Varios bufetes de abogados buscaron a como diera lugar «pruebas» del fraude supuestamente realizado por un poder electoral sin ningún vínculo con Castillo. El clasismo y el racismo de la clase alta peruana, particularmente la limeña, se mostraron sin pudor⁸. Pese a que nunca apareció prueba alguna y a que el Jurado Nacional Electoral (jne) desestimó todos los pedidos presentados, los autoproclamados «defensores de la libertad y la democracia» organizaron una gira hasta la sede de la Organización de Estados Americanos (oea) para que el organismo regional iniciara una acción de revisión de las elecciones en Perú. Obviamente, la cruzada nació muerta y la delegación no llegó ni siquiera a ser recibida. Todo este despliegue de histeria colectiva consiguió que la proclamación de los resultados se postergara como nunca antes, y así desapareció del debate público un elemento esencial en democracia: conocer al equipo que acompañará al candidato en la gestión y cuáles serán sus primeras medidas en el gobierno.

Tras su victoria en la mayor parte del territorio nacional –incluidas las regiones y distritos más pobres, donde obtuvo porcentajes de entre 70% y 90% de los votos–, las discrepancias entre el nuevo presidente y el partido Perú Libre, por el que postuló como invitado, no tardaron en salir a la luz. Especialmente con Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre. El mismo día de la juramentación, no quedaba claro quiénes serían convocados a su primer gabinete, en medio de una visible pugna interna. Cerrón, dos veces gobernador de la región Junín, sentenciado por corrupción e inhabilitado para ejercer la función pública (razón por la que no pudo postular), es un personaje controvertido, de verbo encendido y sed de protagonismo. Representa a una izquierda con retórica setentista de manual, que se autoproclama «marxista-leninista», sin mayor apego por la democracia y con rasgos misóginos y homofóbicos, a la vez que muestra bastante pragmatismo a la hora de expandir su influencia en el Estado.

Cerrón, que se identifica como una «izquierda provinciana», no disimuló sus recelos por la alianza de Castillo con Verónika Mendoza ni dudó en descalificar permanentemente a los miembros de la agrupación aliada como una «izquierda caviar». Particular encono tuvo con Pedro Francke, destacado profesor de Economía e histórico militante de izquierda elegido finalmente como ministro de Economía⁹.

Las declaraciones de Cerrón fueron el perfecto aliciente para el sector de la derecha peruana que, tras fracasar en su afán de inventar un fraude, se lanzó en una segunda cruzada: lograr la vacancia presidencial. Esta figura controvertida, contemplada en la Constitución¹⁰, se ha vuelto una especie de juicio político cuyos requisitos son únicamente conseguir 34 congresistas para presentarla y 87 que voten a favor de destituir, «vacar», al presidente. Con menos de un año de gobierno, Castillo ya debió enfrentar dos mociones de vacancia y una de ellas alcanzó los votos suficientes para ser debatida en una sesión del pleno del Parlamento. La oposición, dividida y sin liderazgos, aún no cuenta con los votos suficientes para su aprobación, pero es claro que seguirá buscándolos.

Este acoso parlamentario permite entender una de las pocas líneas claras de un gobierno que se ha caracterizado por el rumbo errático: la búsqueda permanente de pactos o prebendas a parlamentarios para bloquear los posibles votos en favor de la vacancia. Son conocidas las visitas a oficinas ministeriales de congresistas de los partidos opositores Acción Popular (ap) y Alianza para el Progreso (app) para transformar sus votos negativos en beneficios prebendales. El juego de ser una oposición «responsable» que a la vez se beneficia con inversiones en las regiones y provincias donde tienen alcaldes o gobernadores se hace cada vez más evidente. El pragmatismo parece ser su línea ideológica.

Un cambio en el escenario político importante es la aparición de una derecha cada vez más fundamentalista. El fujimorismo dejó de ser su versión más extrema al surgir a su derecha Renovación Popular, partido liderado por Rafael López Aliaga, empresario –deudor tributario¹¹– y militante del Opus Dei. López Aliaga disputa con Keiko Fujimori el liderazgo no solo de la opinión pública, sino el de colectivos radicalizados como La Resistencia, que están siendo investigados tras varios episodios de acoso violento a personas públicas. Su más reciente víctima ha sido Gloria Cano, abogada de los familiares de La Cantuta y Barrios Altos, casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos por los que fue condenado Alberto Fujimori. Luchan también por constituirse como contrapartes oficiales del partido español Vox o de la Fundación Vargas Llosa, cada vez más ligada a la derecha autoritaria de la región. Su discurso adopta la narrativa global de extrema derecha en contra del enfoque de género, los derechos humanos y el cambio climático.

El principal freno a las protestas sociales, y por tanto el principal salvavidas del presidente Castillo en medio de la crisis de su gobierno, termina siendo el miedo que genera una derecha tan extrema. Pese a que el fujimorismo y Renovación Popular no son numéricamente mayoritarios en el Parlamento, han definido el tenor del debate. Hoy el Parlamento tiene solo 11% de aprobación, inferior a la ya baja del presidente, y en varias regiones las protestas piden su cierre¹².

Sin rumbo y sin sombrero

La falta de rumbo oficial se evidenció en el carácter errático de los gabinetes del presidente Castillo que, según la Constitución, deben ser aprobados por el Congreso. Las distancias entre el enfoque de Guido Bellido, quien encabezó el primer gabinete, militante de Perú Libre y ficha de Vladimir Cerrón, y Mirtha Vásquez, que lo sucedió como premier, abogada y defensora de derechos humanos, era sustancial. Pero entre Vásquez y Héctor Valer, tercer jefe del Consejo de Ministros, había una distancia sideral. Valer no llegó ni a pedir el voto de confianza del Parlamento. Por surrealista que parezca, Valer fue elegido parlamentario por el grupo de Rafael López Aliaga, ubicado, como mencionamos, en la extrema derecha. Entre otras declaraciones de su autoría, se volvió viral un video en el que durante la campaña electoral llamaba a votar por la señora Fujimori para frenarle el paso al «comunismo» de Castillo. Finalmente, fue la indignación que generó su historia previa de escándalos de violencia machista contra su esposa e hija lo que llevó a que el presidente le pidiera la renuncia.

Así como terminó este gabinete, terminó también un signo distintivo del presidente Castillo: el sombrero¹³. En medio de sus dificultades para estabilizar una gestión, el presidente tocaba fondo, y se deshacía del sombrero chotano que era una marca de identidad, primero de su candidatura y luego de su atípica presidencia. Una marca de un presidente alejado de la elite tradicional y vinculado a las «rondas campesinas».

El primer gabinete reflejó las tensiones del propio proceso electoral y marcaba claramente varias dinámicas contrapuestas en el interior del gobierno. Por un lado, Bellido y los ministros de Perú Libre que –incluso públicamente– coordinaban con Cerrón antes que con Castillo. Por otro, Pedro Francke, ya convertido en ministro de Economía y Finanzas, Anahí Durand (Mujer y Poblaciones Vulnerables) y Hernando Cevallos (Salud), provenientes de una izquierda que incluye en su programa la defensa de un proyecto ambientalista y feminista, y pone en el centro la defensa de los derechos humanos. Y un tercer grupo: ministros con agendas propias, no conectados con las organizaciones aliadas del gobierno, que respondían a otro tipo de lealtades, más territoriales, con el presidente. De hecho, empezó a hablarse de los «chotanos», paisanos del presidente que poco a poco ganaron protagonismo y terminaron constituyendo una suerte de entorno del mandatario.

Las tensiones en el primer gabinete empezaron el día uno de la gestión de Castillo. La injerencia de Cerrón era tan evidente que el gabinete juramentó sin el ministro Francke. En una reciente entrevista, Francke afirmó que, para su juramentación un día después que el conjunto del primer gabinete que integró, puso como condición absoluta la autonomía de su cartera. Eso, al parecer, se respetó. Lo que no se respetó fue la línea de mando. Guido Bellido agudizó las contradicciones con el propio presidente, al extremo de promover que la bancada de Perú Libre en el Parlamento avanzara contra ministros de su propio gabinete con los que no comulgaba.

Sin mediar acuerdo y mucho menos preparación real en el Ejecutivo, el entonces premier Bellido decide anunciar la renegociación del contrato de explotación del gas de Camisea. La noticia tomó por sorpresa al país y al propio gobierno. El presidente y el resto del gabinete parecieron enterarse por la prensa¹⁴. La cuestión se manejó de manera tan improvisada que aún hoy, pese a los cambios en los sucesivos gabinetes, no hay claridad sobre hacia dónde van esa renegociación y la promesa de la masificación de las conexiones de gas domiciliario.

La juramentación de la nueva premier Mirtha Vásquez generó mucha expectativa. Era una mujer de izquierda, conocida públicamente como defensora de líderes sociales criminalizados por enfrentarse a proyectos extractivos, y por haber jugado, como parlamentaria, un rol importante para dar viabilidad al gobierno de emergencia y transición de Francisco Sagasti (2020-2021). Se esperaba, además, que su coordinación más fluida con ministros como Francke o el popular ministro de salud Hernando Cevallos –con quienes compartía la misma sensibilidad político-ideológica– mejorara sensiblemente la gestión cotidiana. Sin embargo, pronto se supo que varios ministros no habían sido nombrados con su aprobación y que, además, tenían serios cuestionamientos. La presión de Vásquez por sacar a algunos de ellos tensionó desde el comienzo su relación con el presidente. La nueva premier se abría así un doble frente de conflicto: con Castillo y con Perú Libre y Cerrón, quienes nunca aceptaron su nombramiento y buscaron su alejamiento del gobierno.

El juego de la bancada de Perú Libre en el Parlamento ha sido también un factor de inestabilidad para el Poder Ejecutivo. Con vasos comunicantes con el fujimorismo y otras bancadas de oposición, por ejemplo, en la defensa de economías informales –e incluso ilegales–, ha participado de los intentos de voltear las pocas reformas iniciadas en gobiernos pasados en el campo de la educación universitaria (contra universidades privadas de bajísima calidad académica) y el transporte urbano (en este caso, con la finalidad de regular el caótico sistema imperante). Comparte también con sectores ubicados a la derecha el combate contra el enfoque de género en las políticas públicas y la educación sexual integral, lo que la llevó a sumarse en un frente parlamentario contra Vásquez.

El presidente mantuvo una línea de gobierno paralela a la de Vásquez, lo que contribuyó a profundizar la grieta interna. La más dura fue la disputa en torno del entonces ministro del Interior, Avelino Guillén. Llevado por Vásquez al gabinete, Guillén es una importante figura para el movimiento de derechos humanos peruano pues fue el fiscal supremo encargado de procesar al ex-presidente Alberto Fujimori, y se enfrentó en su gestión ministerial al jefe de la Policía Nacional, Javier Gallardo, acusado de cobrar comisiones ilegales por ascensos en la institución. Castillo optó por el general Gallardo antes que por su ministro¹⁵. La renuncia de Vásquez fue cuestión de días, y el nombramiento del nuevo gabinete a la cabeza de Valer traería además la salida de Francke, su reemplazo por un tecnócrata de carrera del Ministerio de Economía y Finanzas y la salida de Cevallos, el ministro con más alta aprobación por una exitosa campaña de vacunación, reemplazado por un médico cuya única credencial era haber sido parte del gobierno regional de Junín durante la gobernación de Cerrón.

El último gabinete, presidido por Aníbal Torres, fue ya el de la crisis permanente. Su juramentación parecía un «mientras tanto», pues el presidente anunció la búsqueda de alguien independiente y Torres viene desde el primer gabinete de Castillo como ministro de Justicia. La composición ministerial fue similar a la del gabinete de Valer. Ambos respondían a una lógica de supervivencia. La designación de varios ministros busca garantizar votos en el Congreso. El presidente vuelve a necesitar a la bancada de Perú Libre y de Cerrón. El objetivo es claro: avalar el gabinete y evitar la vacancia.

En medio de este vaivén en la gestión del gobierno, la prensa denunció supuestos beneficios a algunas empresas otorgados por el Ministerio de Transporte y la compañía estatal Petroperú. Las empresas tenían vínculos con la lobista Karelim López, quien resultó ser una asidua visitante al Palacio de Gobierno. El nexo de López con el entorno presidencial era Bruno Pacheco, secretario de la Presidencia y mano derecha de Castillo. Hoy Pacheco se encuentra prófugo de la justicia, al igual que dos de los sobrinos del propio presidente. Estos escándalos han dañado la imagen de Castillo y contribuyen al ímpetu «vacador» del Congreso. La aprobación presidencial ha descendido a 25%.

El mayor peligro: la inflación y una posible crisis alimentaria

Mientras el presidente sigue perdido en su laberinto, los conflictos sociales proliferan y nadie parece atenderlos a tiempo. Junto a los conflictos socioambientales en entornos mineros, agudizados por el mal manejo histórico y el hartazgo de la población con mesas de diálogo que no logran resultados concretos¹⁶, aparecen otros vinculados específicamente a la inflación. Son particularmente serias las tensiones con transportistas y agricultores.

Ambos conflictos responden a un problema más global. La guerra entre Rusia y Ucrania afecta nuestras economías por la elevación del precio de combustibles y fertilizantes. Sin embargo, sobre todo en el caso de los fertilizantes, la elevación de precios empieza con la crisis iniciada por la pandemia, y la agricultura, en particular la pequeña agricultura familiar, exige atención incluso desde antes del comienzo del gobierno de Castillo. En campaña, el presidente se comprometió a llevar adelante una «segunda reforma agraria», en alusión al proceso de transformación social que supuso la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado de 1969. La promesa generó gran expectativa y movilizó a los principales gremios agrarios que, desde las diversas regiones del país, promovieron el debate en torno de los posibles lineamientos para avanzar en el proyecto.

Víctor Maita, ex-presidente de la Confederación Nacional Agraria y primer ministro de Agricultura de Castillo, sentó las bases del proceso. Se organizó un gran evento en la fortaleza de Sacsayhuamán en Cusco, para anunciar a los gremios agrarios y organizaciones campesinas los ejes de la reforma. Uno de ellos, el apoyo a las familias campesinas para paliar el aumento del precio de la urea. De esto no queda más que un decreto supremo que no se ha operativizado. Maita fue removido de su cargo en función de la lógica de reparto de cargos para evitar la vacancia en el Congreso. La salida de Maita confirma una tendencia peligrosa: Castillo está dispuesto a sacrificar a los pocos ministros con capacidad de gestión y densidad política, como Francke, Cevallos o Maita, para mantener los equilibrios de poder. También confirma que no le gustan los perfiles con luz propia en su gabinete.

Eduardo Zegarra, investigador agrario y ex-asesor ministerial, ha calificado el plan de emergencia del nuevo ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, como una burla para los agricultores. Ha advertido además que nuevamente se está priorizando la gran agricultura de exportación y que se ha «descabezado» al Ministerio sacando a más de 40 altos directivos para colocar a personas que no conocen el sector. Sobre la «segunda reforma agraria», el ministro ha preparado un proyecto de ley absolutamente innecesario pues todo lo señalado está ya en el decreto original de lanzamiento de la reforma, pero que le permitirá culpar al Congreso, que no lo aprobará, de la parálisis. Para Zegarra, Perú tiene un déficit de 180.000 toneladas métricas de urea y la inacción del Estado puede llevarlo a la reducción de hasta 40% de la producción de alimentos esenciales como arroz y papa, con el consiguiente incremento de los precios¹⁷.

Las protestas de transportistas primero y luego de agricultores han paralizado este año varias regiones del país y en algunos momentos ha escalado la violencia. Esta nueva convulsión social tiene demandas muy diversas. En Lima, las principales protestas piden la renuncia del presidente¹⁸; en el resto del país lo que hay, por el contrario, es una exigencia al presidente de que cumpla sus promesas de cambio y que gobierne. Frente a esta situación, Castillo constituyó un gobierno itinerante con reuniones descentralizadas del Consejo de Ministros. Ya se han realizado algunas en Huancayo, Cuzco y Puno. Estas reuniones, de carácter más asambleario que ejecutivo, han servido por un lado como espacio de catarsis de los principales dirigentes y autoridades locales. Por el otro, como espacio para ensayar la nueva narrativa del Ejecutivo: no podemos avanzar sin que el Congreso apruebe los proyectos que hemos enviado. Quizá la alta desaprobación del Congreso –como señalamos, por debajo del propio presidente– y el poco conocimiento sobre el funcionamiento del Estado peruano permitan que esta excusa funcione de manera temporal. Pero si los precios siguen al alza y queda meridianamente claro que no se necesita ninguna ley para comprar urea, la solución puede resultar peor que la enfermedad.

Fuga hacia adelante: la Asamblea Constituyente

Mientras escribía este artículo, se abría un nuevo escenario de polarización. El presidente Castillo presentó en abril un proyecto de ley al Congreso para modificar la Constitución y abrir la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente. Inicialmente descartada de la agenda de gobierno por los sucesivos ministros y por el propio Castillo, la opción de la Constituyente reaparece por ser la única que le da oxígeno al gobierno al cambiar los ejes de la discusión.

La semana previa, la agenda política y mediática estaba centrada en la renuncia del presidente o en el adelanto de las elecciones generales –una versión institucionalista del «que se vayan todos», tanto Castillo como los congresistas– que va adquiriendo un creciente apoyo popular: hoy esta consigna es aprobada por 68% de los consultados como salida de la crisis¹⁹. Pero la propuesta de un referéndum para consultar a la población sobre una posible Asamblea Constituyente ha descentrado en parte la coyuntura.

La movida es astuta. Evidentemente, no ha sido planificada; las graves inconsistencias en el propio texto legal enviado al Parlamento lo demuestran. Pero Castillo no pretende ganar en el debate jurídico o académico, sino sobrevivir políticamente en el gobierno, y para ello necesita reconfigurar el campo de juego.

Los detractores han respondido con mucha agresividad. Defendiendo el establishment y haciendo gala de su autoritarismo, cuestionan la mera posibilidad de una consulta ciudadana. Las fuerzas de izquierda y las organizaciones sociales más representativas defienden la opción de una Constituyente, ya que siempre fue un anhelo compartido forjar un nuevo pacto social en democracia y abandonar así la Constitución nacida de la dictadura de Fujimori. No hay, sin embargo, una única posición. Varias voces han advertido que hay una utilización política de Castillo de la propuesta, y por ello plantean empujarla desde la sociedad más allá del propio gobierno.

Jurídicamente, la propuesta no tendrá una larga vida. El Congreso no permitirá que avance. Lo que queda como duda es si habrá generado suficiente ilusión como para movilizar a la ciudadanía en favor de su aprobación. Lo cierto es que el debate se ha abierto en medio de una crisis institucional muy aguda y la inflación sigue acosando los bolsillos de las grandes mayorías. El presidente puede ganar esta partida, pero parece difícil revertir la inestabilidad e ineficacia de su gobierno.