Han pasado apenas tres días desde que la Comisión de la Verdad presentó a Colombia su Informe Final sobre más de 50 años de guerra degradada hasta los tuétanos, y los ataques cuestionando su legitimidad no han dado tregua. Una gran parte de las víctimas respaldaron su trabajo, pues se sintieron realmente escuchadas en su dolor y resistencia. Para muchas, fue casi que la primera vez que el Estado les cobijaba su relato de despojo. No obstante, otra parte de ellas y sectores políticos de derecha polemizaron su existencia desde el día uno. Esas voces siguen gritando desconfianza y, antes y después de la entrega del informe, aseguran que la Comisión está sesgada y que desfavorece la verdad de las Fuerzas Militares, a pesar de que sus páginas fueron construidas a partir de 30 mil entrevistas, principalmente de víctimas. Aun cuando la embestida contra la Comisión de la Verdad se mantiene y agudiza en algunos canales, comisionados y expertos ratifican que el debate y hasta los desacuerdos políticos sobre los hallazgos y las recomendaciones son bienvenidos.

La fisura que el país respira hoy de cara a ese Informe Final viene desde que el expresidente Juan Manuel Santos se alejara de la perspectiva de paz y guerra del expresidente Álvaro Uribe, pero tuvo su momento decisivo en 2016: las votaciones del plebiscito sobre los Acuerdos de Paz dibujaron un país dividido frente a la forma de perdonar y reconciliarse con las antiguas Farc. Desde entonces, y con otros ingredientes como la continuación de la violencia, hacer las paces y pensar diferente, han resultado en un infinito cruce de ataques entre los sectores de izquierda, centro y defensores de derechos humanos, y la derecha, liderada por el ala más radical del uribismo. Por eso, el quehacer de la Comisión, los comisionados en sí mismos y la verdad del Informe Final son también un punto de honor para los contradictores de la paz negociada en La Habana.

De hecho, la disputa sobre esa verdad de la Comisión se intensificó dos meses antes de la entrega del Informe Final. El 2 de mayo renunció el comisionado militar, el mayor Carlos Guillermo Ospina, tachando de “parcializado” dicho informe. Eso generó revuelo. Luego, el 10 de mayo, el comisionado Alejandro Valencia adelantó 10 verdades sobre las ejecuciones extrajudiciales. “Crímenes de falsos positivos en su período de exacerbación, años 2002 a 2008, fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometieron como parte de una política de gobierno, que tuvo apoyo de otras ramas del poder público para incrementar bajas, legitimar política de seguridad oficial y publicitar su efectividad”, fue uno de los apartados que encendieron al uribismo.

Tanto así, que en un video se escuchó al expresidente Uribe diciendo que la Comisión estaba sesgada y tenía rabia. “La Comisión de la Verdad o de la mentira politiquera”, fue la frase que soltó el ex presidente colombiano. “Ningún integrante de las Fuerzas Armadas puede decir que di mal ejemplo, de palabra, acción u omisión. Dijo Alejandro Valencia que los falsos positivos fueron incentivados desde el Gobierno. La única base de la Comisión fue el sesgo que advirtió Carlos Ospina”, aseveró. Tras la entrega del informe, personas como Jaime Felipe Lozada, Enrique Gómez y María Fernanda Cabal han continuado con esos juicios y comentarios. Mientras Lozada, como víctima del conflicto, dijo que ni él ni su familia fueron escuchados, Gómez afirmó que en la entidad imperaba “la mitología”, y Cabal reiteró que “no existe ninguna posibilidad de enfrentar la ilegalidad con diálogos”.

No obstante, la acción clave que quiere desatar la Comisión con su Informe Final es, justamente, la posibilidad de dialogar en la diferencia. En ello, cabe recordar que su fin no es con los actores armados, pues es un ente extrajudicial, sino más bien convocar y cumplir un desafío, pero también con una oportunidad: abrir la conversación, incluso la política, pero habiendo leído al menos algo de las 896 páginas que contiene uno de los 10 capítulos del informe. “Como este conflicto ha sido por el poder, obviamente ha sido eminentemente político. Es igual de cierto que la verdad no es solamente lo que acontece, sino que hay que analizar sus porqués, y eso es lo que a veces llaman la “carga ideológica”. Les puedo decir con franqueza: en la Comisión nos cuidamos muchísimo para analizar con la mayor imparcialidad”, explicó el comisionado Saúl Franco. En ese sentido, recuerda, el informe señala las responsabilidades colectivas de todos: las guerrillas, por supuesto, pero también de los paramilitares y la Fuerza Pública.

“Tenemos que poder decir las cosas”, recalcó Franco. “Nosotros queremos y respetamos la dignidad de la Fuerza Pública, pero si ha habido estos crímenes tenemos que señalarlos, no para hundirlos, sino para que en esta nueva versión de la seguridad (que proponemos) podamos abrir el panorama para no quedarnos con el cuento elemental de ‘buenos y malos’, sino que es una guerra compleja”, dice. En esa misma vía, María Camila Moreno, directora del Centro Internacional de Justicia Transicional, analiza la situación:

“Por supuesto que el debate es bienvenido. El éxito de un informe de la Comisión de la Verdad radica en que efectivamente convoque las distintas miradas, lecturas e interpretaciones de la realidad y que plantee un diálogo a partir de una lectura crítica. La idea es que este informe abra escenarios de conversación entre muchos actores, entre quienes están de acuerdo con lo que allí dice, pero también con los que no. Muy seguramente el informe va a dejar insatisfechos a muchos de lado y lado, y eso está bien: justamente no es una verdad absoluta, no es la única verdad. Es el resultado de un proceso de escucha amplio, de análisis, de contrastación, pero por supuesto sigue habiendo múltiples memorias, versiones, interpretaciones de lo que nos ha pasado. Es un insumo muy importante para abrir la conversación. De eso se trata y creo que esa es la invitación que hay que hacer permanentemente”, señala Moreno, insistiendo en que las críticas deben tener sustento en lo que dice el Informe y no solo en las viejas peleas políticas.

De hecho, la convocatoria que busca el documento no solo la manifestó el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, sino también el presidente electo, Gustavo Petro, quien pronunció que no se trata de convertir el informe en un instrumento de venganza. Algo así explica Juan Carlos Ospina, de la Comisión Colombiana de Juristas. “El llamado ético que nos hacen desde el informe es tener un diálogo ético sobre lo que dice, pero de buena fe. Eso significa que, en primer lugar, hay que leer el documento; en segundo lugar, ver el proceso, y a partir de eso someter a debate público las observaciones de los distintos sectores. Más que mella, lo importante es que ese debate sea de buena fe. Si algunos alertan sobre ese relato es un asunto que debe y puede debatirse, pero bajo el propósito que envió la Comisión, que es lograr entendimientos y diálogos más allá de la violencia, y una forma de esa violencia es atacar el informe sin leerlo”, es la lectura de Ospina.