El fiscal Diego Luciani pidió una pena de 12 años de cárcel para la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante su periodo como presidenta, entre 2007 y 2015. Además, solicitó asimismo la inhabilitación a perpetuidad para el desempeño de cargos públicos. Desde 2019, Fernández enfrenta un juicio por presuntos delitos de asociación ilícita y administración irregular de dinero público.

En el transcurso del juicio que rige desde mayo de 2019 contra la actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, así como otros diputados kirchneristas, este lunes, durante su alegato final, el fiscal Diego Luciani solicitó al tribunal que la condena a 12 años de cárcel y la inhabilite a perpetuidad para el desempeño de funciones en la Administración Pública.

Cristina Fernández está siendo juzgada por supuestos delitos de asociación ilícita y administración irregular de fondos públicos. Concretamente, se están investigando supuesta corrupción en la concesión de 51 obras públicas a un empresario afín a la exmandataria en la región de Santa Cruz, su cuna política, durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y la propia Fernández (2007-2015).

“Hubo irregularidades sistemáticas en 51 licitaciones a lo largo de doce años. El cuadro probatorio demuestra de manera contundente las maniobras ilícitas. No es creíble que Cristina Fernández de Kirchner no se enterara de nada en la soledad de su despacho”, aseveró el fiscal en su alegato final.

Derecho de palabra

Fenández de Kirchner, una abogada de 69 años, tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado. Pidió una ampliación de su declaración indagatoria para el martes, al sostener que “en abierta violación del principio de defensa en juicio, (los fiscales) montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”, según escribió en Twitter.

Gregorio Dalbón, uno de sus abogados, dijo que la solicitud de la exmandataria busca asegurar su “derecho a una defensa legítima en juicio”, pese a que la etapa indagatoria ya terminó.

“Los fiscales (Diego) Luciani y Mola están saliéndose del estado de derecho y construyendo un relato mediático para que la sociedad tenga un sentido común y crea que Cristina Fernández de Kirchner era la jefa de una asociación ilícita para direccionar la obra pública”, declaró el abogado.

Anteriormente, Kirchner había solicitado la recusación de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, así como el fiscal Luciani, pero ese pedido fue desestimado.

Pero para que la sentencia sea ejecutada ésta tiene que quedar ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Por ello, aún si es condenada, Kirchner seguiría en libertad y podría ser candidata en las elecciones presidenciales y legislativas de 2023.

Ahora, la defensa tiene 10 días hábiles para iniciar la exposición de su descargo para los 13 acusados, lo que puede demorar varios meses. Se estima que el veredicto se conocerá hacia fin de año.

El Gobierno habla de “persecución judicial”

“El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada ‘causa Vialidad'”, dijo este lunes la oficina de Presidencia en un comunicado tras conocerse la acusación del fiscal Luciani.

En palabras del Ejecutivo dirigido por Alberto Fernández, la “persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita y la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada” son “aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal” en el estado de derecho.

Además, a titulo personal, el mandatario quiso expresar en su Twitter su “más profundo afecto y solidaridad” para con la vicepresidenta y añadió que este lunes era un día “ingrato”.

En medio de la polarización política y ante el proceso electoral del próximo año, diversas agrupaciones del peronismo de centro-izquierda, cercanas a la vicepresidenta denunciaron asimismo una persecución.

El domingo una carta pública firmada por más de medio millar de alcaldes respaldó a Kirchner, a quien consideraron también como una “víctima de una persecución judicial”. También diputados del oficialista Frente de Todos, y otros referentes políticos y culturales lanzaron comunicados de respaldo.

Hebe de Bonafini, líder de la organización de defensa de los derechos humanos Madres de Plaza de Mayo, llamó a movilizaciones.

“No podemos permitir que Cristina sea condenada ni que vaya presa. Hay que hacer una pueblada, es lo único que le va a salvar. Hay que defenderla con todo”, aseveró la semana pasada.

Grupos a favor y en contra de la vicepresidenta se manifestaron tras la petición de la Fiscalía

Tras el anuncio del fiscal Luciani, este lunes por la noche se manifestaron grupos a favor y en contra de Fernández de Kirchner en el exterior su residencia, en el barrio de Rcoleta, en Buenos Aires.

Primero, se acercaron grupos de manifestantes en contra de la exmandataria, que celebraron la decisión del fiscal. Posteriormente se congregaron sus fieles, y desde entonces se registraron momentos de tensión entre unos y otros, que tuvieron que ser acalmados por agentes de policía.

Desde su Twitter, Fernández acusó a la Policía bonaerense de no permitir expresarse libremente a sus seguidores.

“Jamás ningún militante ni simpatizante de nuestro espacio político ha ido al domicilio de ningún dirigente macrista a insultarlos. Ni a la casa de Macri, ni a la de Rodríguez Larreta”, afirmó la vicepresidenta.