Argentina ha concluido uno de los juicios más polémicos de su historia reciente con la sentencia que condena a 6 años de prisión a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por malversación de recursos públicos. La investigación comprendió 12 años de gestión tanto de ella como de su esposo ya fallecido Néstor Kirchner quienes, según la Fiscalía, se beneficiaron de contratos millonarios.

Finalmente llegó la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner: 6 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. El septiembre pasado, el fiscal principal de la causa, Diego Luciani, dimensionó la trama de corrupción al decir que fueron “sistemáticos, promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país”.

La agitación política que vive Argentina no termina con la lectura de sentencia a Cristina Fernández de Kirchner por la causa conocida como “Vialidad”. El politólogo argentino Matía Bianchi considera que continuará en otras instancias judiciales y se extenderá a lo largo de 2023, año electoral en el país sudamericano. “Este caso va a manchar el proceso político de 2023. El escenario de 2023 será mucho más cargado, políticamente hablando”, dice el experto a Newtral.es.

¿Por qué se acusó a Cristina Fernández? 

La sentencia contra Cristina Fernández es el resultado de un juicio que comenzó el 21 de mayo de 2019, por una trama de corrupción en la que se desviaron 1.000 millones de dólares de dinero público entre 2003 y 2015. Los actos de malversación ocurrieron mientras ella y su esposo estuvieron al frente del Gobierno argentino en complicidad con altos funcionarios.

De acuerdo con la acusación, Kirchner y Fernández habrían adjudicado 51 licitaciones en la provincia de Santa Cruz, bastión de los Kirchner, en beneficio del empresario Lázaro Báez. El principal foco de investigación era determinar si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

Junto con Cristina Fernández Kirchner estaban acusados el secretario de Obras Públicas, Abel Fatala y los siguientes exfuncionarios de la provincia de Santa Cruz: Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez.

¿Irá a la cárcel Cristina Fernández?

Pese a la sentencia de cárcel contra Cristina Fernández, la vicepresidenta de Argentina, al ser presidenta del Senado cuenta con inmunidad constitucional, por lo tanto no puede ser arrestada. El artículo 69 de la Constitución establece que “ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado”. El mandato de la senadora concluye el 9 de diciembre de 2023.

 

La excepción establecida por la misma Constitución menciona que se pierde la inmunidad -que se logra con dos tercios de votos – si el funcionario es “sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho”.

Si Cristina Fernández de Kirchner pierde la inmunidad y debe cumplir con la sentencia se baraja la posibilidad de que la cumpla desde su casa. En ese sentido, el verificador argentino Chequeado explica que la Justicia contempla seis supuestos en los que se pueden basar los magistrados para conceder una prisión domiciliaria.

Uno de estos supuestos está relacionado con la edad, es decir que al cumplir 70 años una persona condenada puede ampararse en la prisión domiciliaria. Fernández de Kirchner cumplirá 70 años el próximo 19 de febrero de 2023. “Es decir que, si eventualmente sobre la vicepresidenta pesa en el futuro una condena con sentencia firme, los jueces podrán decidir, en función de su edad y otros factores, si le corresponde o no la prisión domiciliaria”, dice un artículo de Chequeado.

Otros escenarios después de la sentencia

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue víctima de un intento de asesinato, puede apelar la sentencia. Si eso ocurre, según medios de comunicación argentinos, deberá seguir el proceso en otras instancias, algo que podría demorar algunos años más. “(La sentencia de hoy) es una primera instancia y es un proceso apelable, por lo tanto va a continuar”, dice a Newtral.es el politólogo argentino Matías Bianchi.

De acuerdo con el portal de noticias argentino Infobae, tras la sentencia de este martes interviene la Cámara Federal de Casación Penal y lo que esta resuelva se podrá apelar ante la Corte Suprema de Justicia, “la última instancia judicial del país, que no tiene plazos para resolver”. Infobae plantea que es “difícil establecer tiempos porque en el medio hay distintos plazos procesales”, por lo tanto puede que en 2023 el caso no esté cerrado.

Al respecto, el politólogo Bianchi explica que el caso se verá a detalle en las apelaciones que se extenderán en 2023. La trama judicial no termina con la lectura de la sentencia sino que, según Bianchi, manchará el proceso político de 2023 incrementando la tensión y la polarización en un año electoral.