Mientras en Perú rige el Estado de emergencia y Pedro Castillo sigue en prisión preventiva, el nuevo Gobierno de Dina Boluarte ha mostrado su molestia por lo que considera una “injerencia en los asuntos internos” peruanos por parte de México, Colombia, Argentina y Bolivia, y ha anunciado que llamará a consulta a sus embajadores.

Dichos países habían expresado en un comunicado conjunto preocupación por el “tratamiento judicial” que se está dando a Castillo y pidieron priorizar “la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”. Pero también hubo reacciones de otro tenor en el ámbito izquierdista a la crisis peruana. La cancillería chilena expresó diplomáticamente el deseo de que se resuelva “a través de mecanismos democráticos y el respeto al Estado de derecho”. Y Luiz Inácio Lula da Silva, que asumirá el 1 de enero la presidencia de Brasil y es considerado todo un ícono de la izquierda latinoamericana, afirmó que “siempre hay que lamentar que un presidente elegido democráticamente tenga ese destino”, pero dijo entender “que todo caminó dentro de los moldes constitucionales”.

Entre la espada y la pared

La situación, en todo caso, no es cómoda para los gobiernos democráticos de la nueva “marea rosa” en la región. La izquierda latinoamericana quedó entre dos fuegos. Si se defiende a Pedro Castillo, se defiende la violación de la Constitución peruana, y si se defiende la Constitución, no se puede defender lo hecho por Castillo cuando cerró el Congreso. Por eso, la defensa de Castillo es que él no cerró el Congreso, sino que fue víctima de presiones, engaños y manipulaciones. Está diciendo que no dijo lo que dijo, que simplemente estaba presionado.

El énfasis que ponen los presidentes de México y Colombia en el hostigamiento sufrido por Pedro Castillo a lo largo de su gobierno se puede interpretar como una expresión de sus simpatías ideológicas. Estas simpatías los llevan, en primer lugar, a desconocer que ese hostigamiento ha sido parte de la política peruana de las últimas dos décadas.  En segundo lugar, los induce a ignorar o minimizar el elemento que desencadenó este episodio, y que fue el golpe que dio Pedro Castillo. Aun suponiendo que las acciones de los congresistas hubieran tenido motivaciones desestabilizadoras, en un régimen democrático no se puede justificar el golpe de Estado como respuesta.

Izquierda heterogénea

Lo cierto es que no hay una postura homogénea en el sector. Esto de los gobiernos de izquierda es algo muy ambiguo en América Latina. En estos momentos se considera de izquierda a aquellos gobiernos que no son netamente neoliberales, como fue el anterior gobierno de Chile, o el de Macri en Argentina. Pero hay una heterogeneidad muy grande.

Hay diferencias entre los protagonistas de este “nuevo giro a la izquierda” de América Latina. Actualmente aparecen con mayor claridad esas discrepancias, seguramente porque no hay una corriente ideológica unificadora (como fue el “socialismo del siglo XXI”) y porque no hay un liderazgo fuerte.

Probablemente la crisis peruana no tenga un impacto significativo en la región, pero la posición de los países que justifican el golpe de Pedro Castillo sí puede afectar a la corriente de izquierda, sobre todo, porque constituye una posición desleal con la democracia, y eso puede crear desconfianza entre las fuerzas políticas democráticas.

El gobierno de Castillo nunca estuvo bien considerado en la región. Había surgido legítimamente, de elecciones democráticas, pero tenía un recorrido muy sinuoso. En consecuencia, lo ocurrido en Perú no tendrá mayor impacto en la estabilidad democrática más allá de sus fronteras. Pero, en vista del creciente descrédito de los partidos y las instituciones “sí debilita, por si hiciera falta, una vez más, la confianza en los gobiernos y las clases políticas.