Choque institucional en España y acusaciones cruzadas. Por primera vez en la historia de su democracia, el Tribunal Constitucional, con mayoría conservadora, ha paralizado una ley en plena tramitación parlamentaria. Se trata de la reforma del Poder Judicial y de la renovación del propio Tribunal Constitucional. Así, la reforma, que cuenta ya con el visto bueno del Congreso, no podrá recibir el aval del Senado, en la votación prevista para este jueves.

Acusaciones cruzadas

El Gobierno, del Partido Socialista y Unidas Podemos, ha dicho que la decisión de la Corte es de una “gravedad máxima”, ya que ha decidido acotar la capacidad legislativa, algo que no tiene precedentes.

El opositor Partido Popular había presentado una medida cautelarísima, una herramienta para paralizar cuestiones de “especial urgencia”, que fue aceptada por el Constitucional, gracias a los seis votos conservadores, frente a los cinco del bloque progresista.

El PP reaccionaba asegurando que la democracia en España “ha salido fortalecida”. Recurrió al Constitucional después de que el Gobierno usara dos enmiendas en la ley sobre el delito de sedición para cambiar otra ley: la que facilita el desbloqueo del Tribunal Constitucional. Algo que los populares calificaron de “ataque al Estado de derecho”, pese a ser ellos quienes impiden desde hace meses los nuevos nombramientos en el Tribunal Constitucional.

El Gobierno de Pedro Sánchez acusa al PP de tener secuestrado el Poder Judicial, con un bloqueo que impide su renovación desde hace cuatro años, algo que para los socialistas supone un “incumplimiento de la Constitución española”.

Tribunal Constitucional caducado

El Tribunal Constitucional está compuesto por doce miembros: tres elegidos por el Congreso, tres por el Senado, dos por el Gobierno y otros dos por Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de Gobierno de los jueces.

El pasado junio finalizó el mandato de los magistrados nombrados por el Gobierno y por el Poder Judicial, pero no se han renovado por la falta de acuerdo en el seno del Consejo General del Poder Judicial CGPJ. En estos momentos hay cuatro magistrados con su mandato caducado, entre ellos, su propio presidente.

Cuando se logre la renovación del Constitucional, cambiará de color: teniendo una mayoría progresista para los próximos diez años.