Mal SalvajeLa situación se hizo insostenible. Tras haber pasado solo una semana de la firma de los indultos a doce condenados por delitos en el estallido social y un exterrorista, el presidente Gabriel Boric debió cursar la renuncia de su ministra de Justicia, Marcela Ríos, y de su jefe de gabinete para intentar frenar la crisis desatada.
En medio de una polémica que no tiene visos de acabar, el mandatario reconoció errores en la entrega de estos beneficios, algunos de los cuales recayeron en presos de larga historia criminal, pese a que el gobernante había declarado que «no son delincuentes».
Las esquirlas de este indulto golpearon también a su círculo de asesores, pues dejó el cargo su jefe de gabinete, el abogado Matías Meza-Lopehandía, quien además de ser militante del partido del mandatario, Convergencia Social, era uno de sus consejeros más cercanos.
Posición debilitada de Boric
La salida de la socióloga Ríos, también de Convergencia Social, debilita aún más la posición de su colectividad pues en el pasado cambio de gabinete de septiembre, post fracaso de la propuesta constitucional, debió ceder algunos cupos para ampliar la participación del Socialismo Democrático conformado por partidos de la exConcertación.
Boric tuvo que sortear estos días la molestia de la oposición, partidos que dejaron la mesa de diálogo que buscaba consensuar medidas contra la delincuencia, y de la Corte Suprema que rechazó las explicaciones del presidente para otorgar el indulto a un terrorista.
Este tenso clima fue elevando su temperatura durante la semana porque los diputados de oposición analizaban presentar una acusación constitucional contra la ministra Ríos, que ya el viernes vio desaparecer sus últimos apoyos dentro del gabinete.
El nuevo ministro deberá abocarse inmediatamente a la gestión de los votos necesarios para que el Senado apruebe la tercera propuesta hecha por el mandatario del nuevo fiscal nacional. Este nombramiento ha sufrido ya dos traspiés en la Cámara Alta, órgano que ha rechazado los nombres presentados con anterioridad. Cordero deberá terminar con este capítulo que mantiene acéfalo al Ministerio Público desde octubre de 2022.
El presidente, quien ha caído en las encuestas, alcanzando un 61% de desaprobación, fue persistentemente consultado por la prensa si sabía del historial delictual de algunos de los indultados antes de firmar los decretos. Como respuesta, Boric se amparó en la facultad que le otorga la ley para dar esos beneficios, sin nunca despejar nunca la duda. Los indultos registraron un 62% de rechazo en un sondeo de opinión.