El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha revocado este lunes una normativa dictada por la administración del ultraderechista Jair Bolsonaro que ponía trabas al acceso al aborto en Brasil incluso en los casos amparados por la ley. Según recoge Efe, el Ministerio de Salud ha derogado la medida, en vigor desde septiembre de 2020, que obligaba a los médicos y a los hospitales a notificar a la Policía que iban a realizar un aborto a una víctima de violación, según publicó en el Diario Oficial.

En Brasil, el aborto solo está permitido por ley en los casos de violación, cuando la vida de la madre está en peligro o el feto presenta anencefalia. Sin embargo, en septiembre de 2020, el entonces ministro de Salud, el general del Ejército Eduardo Pazuello, publicó esa normativa que, en la práctica, sumaba burocracias y complicaba la interrupción voluntaria del embarazo fruto de una violación.

Una de esas nuevas directrices establecía que los médicos debían avisar del procedimiento a la “autoridad policial responsable”, algo que muchas veces las víctimas evitan por temor a represalias. El texto levantó en su día una enorme polémica, con condenas de líderes políticos y organizaciones internacionales de derechos humanos, y acabó siendo contestado en la Corte Suprema, que rebajó parcialmente su alcance.

La norma también determinaba que, antes de efectuar el aborto, debía ofrecerse a la gestante la posibilidad de ver al embrión o al feto a través de una ecografía, lo que fue anulado posteriormente por el alto tribunal.

El Ministerio de Salud, bajo la gestión de Bolsonaro, publicó esa medida unas pocas semanas después del caso de una niña de diez años que quedó embarazada tras ser violada sistemáticamente por un tío y cuya familia enfrentó dificultades para que se le practicara el aborto, a pesar de estar garantizado por ley.

El Gobierno de Bolsonaro siempre se declaró “a favor de la vida desde la concepción” e incluso algunos de sus aliados en el Parlamento impulsaron proyectos para limitar todavía más el aborto.