Perú vive momentos convulsos desde la detención y expulsión del expresidente Pedro Castillo tras lo que muchos consideraron que fue un intento de autogolpe de Estado el pasado diciembre. Sin embargo, esto es sólo el último capítulo de una crisis política que azota a la nación desde hace años y que ha dejado 11 presidentes desde el año 2000. Tras esta situación hay una enorme polarización política, corrupción y un sistema que presenta serios problemas para brindar gobernabilidad a los presidentes.

Perú vive día convulsos de protestas contra el nuevo gobierno de Dina Boluarte. Numerosas regiones están en contra de la nueva mandataria, que llegó al poder tras la deposición de Pedro Castillo por parte del Congreso tras lo que se consideró un intento de autogolpe de Estado. Un contexto que ya ha dejado decenas de muertos por culpa de la represión policial y que es el reflejo de la coyuntura de crisis que sufre esta nación andina desde hace años y que ha explotado en las últimas semanas.

La cifra que certifica esta crisis en que desde el año 2000 han pasado por el Palacio de Pizarro 11 presidentes, un número extremadamente elevado teniendo en cuenta que el mandato presidencial de Perú es de cinco años. Es por ello que para comprender mejor la situación toca remontarse, precisamente a esa fecha, el año en que fue destituido y huyó a Perú el polémico expresidente Alberto Fujimori.

Para esa época, Fujimori llevaba 10 años en el poder y había sido reelegido para un tercer mandato. Este expresidente, que había llegado al poder con el discurso de un político antiestablecimiento, había obtenido un gran poder desde el año 1992, cuando aconteció el ‘fujimorazo’, un autogolpe de Estado que le permitió disolver el parlamento con el apoyo del Ejército y tomar el poder de todos los órganos estatales de Perú.

Su método de gobierno fue controversial dentro y fuera de Perú debido a su alto grado de autoritarismo y represión contra una parte de la población. Quienes lo apoyaron defendieron su gestión económica en un momento de profunda crisis inflacionaria para Perú y su lucha contra la guerrilla Sendero Luminoso, pero quienes le criticaron argumentaron las constantes violaciones a los derechos humanos que sufrieron miles de peruanos. Su final llegó el 21 de noviembre del año 2000 se vio obligado a dimitir por casos de corrupción y huyó a Japón. Pero la sombra del fujimorismo seguiría presente e influiría en los años venideros en la política peruana.

Tras Fujimori, Perú vivió un proceso de florecimiento democrático y de relativa estabilidad en el que llegaron al poder Alejandro Toledo entre el 2001 y el 2006, Alan García entre 2006 y 2011 y Ollanta Humala entre 2011 y 2016. Incluso, la nación andina se convirtió en un ejemplo a seguir en la región en el panorama económico.

Los casos de corrupción salpicaron a varios expresidentes y quitaron crédito a la política

Sin embargo, durante el mandato de Humala estalló el caso Odebrecht, una constructora brasileña que financiaba campañas políticas en América Latina a cambio de concesiones para obras públicas. Esta trama salpicó al propio Humala y a su mujer poco después de terminar su mandato y los llevó a prisión, pero también al expresidente Alejandro Toledo, que actualmente está prófugo y a la espera de ser extraditado por Estados Unidos y al expresidente Alan García, que durante su investigación se suicidó en abril de 2019.

A estos casos hay que sumar el de Alberto Fujimori, quien fue detenido en 2007 y está recluido en prisión por delitos de lesa humanidad, corrupción y espionaje, entre otros. Su reclusión en prisión contribuyó a aumentar un clima de polarización que ya venía creciendo desde que su hija Keiko Fujimori decidiese aspirar a la presidencia para devolver al poder al fujimorismo.

Keiko fue candidata en 2011, 2016 y 2021. Elecciones que perdió por un estrecho margen y que demostraron la división que existe en este país en torno a la gestión de su padre y de la familia Fujimori. El ejemplo más claro es la elección de 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynsky (PPK) logró derrotar por solamente 40.000 votos al fujimorismo. Esa vez, todas las fuerzas contrarias a ese movimiento se unieron para votar contra él, pero una vez lograron su objetivo de derrotarlo en las urnas, nunca hubo un proyecto político común y PPK se encontró solo ante un congreso dominado por las fuerzas fujimoristas.

La polarización política entorno al fujimorismo y el antifujimorismo

El problema es que el antifujimorismo no es un movimiento político en sí, es simplemente una reacción contraria al gobierno autoritario que dominó Perú por diez años. Pero más allá de ese rechazo estas fuerzas son incapaces de llegar a consensos que permitan la gobernabilidad de los presidentes que han pasado en esta nación en los últimos años debido a que existe una gran heterogeneidad política en estos partidos.

Así fue como en 2018, tras menos de dos años al frente de la Presidencia Pedro Pablo Kuczynsky se vio obligado a renunciar a su cargo. El Congreso peruano intentó durante meses dilapidar toda la acción posible que saliera desde el gobierno, protagonizó varios intentos de deponerlo y fue parte fundamental de fomentar una ingobernabilidad y una paralización que el exmandatario finalmente no pudo superar. Además, tras él había sospechas de estar implicado en el caso Odebrecht, un asunto que lo llevaría a prisión domiciliaria y que aún se está investigando.

Su sucesor fue el vicepresidente Martín Vizcarra, quien también se encontró con el rechazó constante del fujimorismo y reiterados intentos de obstaculizar su acción de gobierno a través del Congreso. El expresidente, de hecho, llegó a sufrir dos mociones de vacancia por incapacidad moral, un concepto arcaico y abstracto que en un origen hacía referencia a que el presidente sufriera una enfermedad mental, pero que el Congreso peruano comenzó a usar de forma reiterada para intentar acabar con el mandatario. La primera fracasó, pero la segunda en noviembre de 2020 triunfó.

Tras Vizcarra, Perú atravesó un periodo de profunda inestabilidad en el que hubo dos presidentes en apenas unos meses en una crisis institucional sin precedentes. Manuel Merino no estuvo en el cargo ni una semana debido a las protestas que generó su nombramiento. Y su sustituto, Francisco Sagasti, fue el encargado de dirigir al país hasta las elecciones de abril de 2021.

Unos comicios que no fueron mucho mejor. Casi 20 candidatos se presentaron a la primera vuelta sin que ninguno de ellos obtuviera un porcentaje de voto representativo. De hecho, el ganador en primera vuelta, Pedro Castillo, obtuvo solo el 18,9% de votos. Sin embargo, al enfrentarse en el balotaje contra Keiko Fujimori pudo obtener la victoria gracias al rechazo que hay hacia ella.

Esta victoria no trajo ninguna solución. Castillo se vio incapaz de gobernar al enfrentarse a un Congreso profundamente fragmentado que abrió varias investigaciones en su contra por corrupción, le prohibió salir del país y llegó a presentar tres mociones por vacancia moral, de las cuales sólo triunfó la última después de que Castillo intentara disolver el Congreso en un gesto que se interpretó como un autogolpe de Estado fallido que llevó al poder a Dina Boluarte.

Algo que ha llevado a un deterioro mayor de la crisis y a la situación de incertidumbre actual. Lo más preocupante es que se desconoce si puede haber una solución a un problema que es más estructural que coyuntural y que ha ido aumentando hasta afectar a otros campos, como el social. Y que, incluso, podría golpear a la economía, que durante este tiempo ha seguido fuerte a pesar de las constantes crisis políticas. Una combinación explosiva que puede ser peligrosa para Perú.