El Gobierno de Chile recibió un duro golpe para sus proyecciones en, al menos, 2023: la Cámara de Diputados no le dio luz verde a la reforma tributaria, uno de los argumentos más repetidos por Gabriel Boric durante su campaña presidencial y una piedra angular para la ejecución de las políticas sociales.

La propuesta no superó la Cámara Baja al no alcanzar los 78 votos necesarios para avanzar. La contienda tuvo resultados estrechos, con 73 votos a favor y 71 en contra. En tanto que hubo tres diputados que se abstuvieron y ocho que no acudieron a la sesión, entre los que se encontraban algunos oficialistas afines a la coalición de Gobierno.

La controvertida reforma tributaria apuntaba a embolsar 3,6% del PBI nacional, un equivalente a alrededor de 10.000 millones de dólares en los próximos cuatro años. Era un dinero necesario para la ejecución de políticas públicas y sociales.

Ahora, tras ocho meses de negociaciones, los pasos del proyecto deberán reiniciarse desde el principio en un año y el Ejecutivo no podrá plantear iniciativas parecidas. Una alternativa que no parece tener muchas posibilidades es presentarlo a través del Senado –el oficialismo tampoco tiene mayoría allí- con algunas variaciones.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel fue crítico del bloque opositor y advirtió que esto traerá consecuencias negativas para los jubilados y las mujeres, dos grupos que iban a ser beneficiados con mejores condiciones.

“Hoy celebrarán los partidos más a la derecha del espectro político, hemos visto que van a celebrar quienes evaden impuestos y asesoran a los contribuyentes para hacerlo”, arremetió. Pero Marcel avanzó que volverán a la carga en 2024: “Tendrán un año más para usar los mecanismos de elusión tributaria”, dijo.

El funcionario expresó su lamento por “la ciudadanía” y afirmó que reevaluarán la situación con el presidente “para seguir adelante con la agenda del Gobierno”.

¿En qué consistía la reforma tributaria de Boric?

La Administración del líder izquierdista quería aumentar la recaudación de Chile en materia impositiva. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la nación trasandina estaba por debajo del promedio de acreditación tributaria en América Latina (21,9%), con un 19,3% en los últimos años.

En esa lógica, el Gobierno buscó aumentar los impuestos, los cuales abarcaban a un 3% de la población para subsanar la gran brecha de desigualdad que existe en el territorio.

Los objetivos apuntaban a cuatro frentes diferentes: las medidas contra la evasión y la elusión, la modernización de procedimientos tributarios, modificaciones en bases o tasas impositivas (este ítem incluía un impuesto a los altos patrimonios) y beneficios para los contribuyentes.

El proyecto incluía la reestructuración del impuesto a la renta, una reducción de exenciones y un nuevo royalty e impuestos correctivos a la minería.

El Gobierno enumeró que este cambio era necesario para financiar el aumento de la Pensión Garantizada Universal, robustecer el abarrotado sistema sanitario y el desarrollo de políticas verdes.

En los últimos días, la oposición había vaticinado su disconformidad con el proyecto, alegando que las políticas “no podían ser más malas”, en palabras del jefe de Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez.

El impuesto al patrimonio fue uno de los asuntos más discutidos durante las negociaciones entre ambas partes, el cual causó disconformidad en el sector empresarial. Las normativas pretendidas fijaban una contribución de los dueños de patrimonios que superaran los 4,9 millones de dólares y vivan en Chile.

Quienes no estaban de acuerdo con esta idea alegaron que podría perjudicar las inversiones y la capacidad de ahorro.

Además de la composición de la reforma, la oposición también criticó el momento en el que el oficialismo intentó incluir la modificación, después de que hayan bajado las proyecciones de crecimiento del PBI hasta 2027.

El diputado conservador de la UDI, Juan Antonio Coloma, aseveró que la negativa a la reforma es una consecuencia de la “tozudez” del Gobierno, al cual acusó de “no estar dispuesto a sentarse realmente a conversar”.

“El rechazo demuestra que no es solo de un sector político, es de quienes somos de derecha y también de centro”, cerró.