Actualmente, alrededor de 11.5 millones de personas viven privadas de libertad en todo el mundo. Así lo afirma la última edición de la Lista de la población carcelaria mundial (WPPL, por sus siglas en inglés), que fue publicada por el Instituto de Investigación de Políticas de Justicia y Crímenes (ICPR, por sus siglas en inglés) de 2021. Tan solo en Brasil hay 800.000 presos, casi el 7% de la población carcelaria mundial, y en México hay más de 220.000. El tercer lugar en la región lo ocupa Argentina, con cerca de 110.000 presos, seguido por Colombia, con 98.000, y Perú, con 88.000.

Según el informe, la tendencia viene incrementándose desde el año 2000. La población carcelaria en las Américas, sin contar a Estados Unidos, cuya población carcelaria es por mucho la más grande, ha aumentado un 138% desde 2000 y ha tenido un alza del 77% en Centroamérica, y del 200% en Suramérica.

De acuerdo con las Naciones Unidas, la tasa mundial es de 143 reclusos por cada 100.000 habitantes. En ese orden, El Salvador y Cuba presentan las tasas más altas de la región con 564 y 510 presos por cada 100 habitantes, respectivamente.

¿Cómo enfrentar el incremento de las tasas de población penitenciaria en América Latina?

Pese a esta realidad, las recomendaciones de los “expertos” siguen siendo las mismas. El bemol de las alternativas propuestas y de las acciones de seguridad y política penitenciaria es la falta de evidencia empírica de sus argumentos. Por ello, se necesita una mayor formación metodológica y “creatividad” para superar la discusión sobre cómo enfrentar los problemas de seguridad y las crisis carcelarias en América Latina, más allá del malestar, debido a la infraestructura penitenciaria, y la recomendación para edificar más cárceles.

Sin estrategia ni planeación, los nuevos centros se llenarán sin excepción. Por otra parte, la idea de la reinserción debe superar sus limitaciones y fracasos para construir una nueva realidad a partir de acciones concretas que trasciendan el discurso.

Algunas medidas podrían ser el incremento del uso de medidas no privativas de libertad en todas las etapas del proceso de justicia penal, a fin de eliminar su nexo con el sistema durante las intervenciones de justicia penal existentes. Como ejemplo de buenas prácticas en este sentido, durante 2022, en México, el programa de Libertades, por causas humanitarias, sumó más de 3.000 liberaciones anticipadas y amnistías a internos por delitos no graves, que no pudieron pagar una defensa y que estaban en condiciones de vulnerabilidad.

Otra medida podría ser la optimización de los presupuestos y costos de infraestructura de las instalaciones penitenciarias. Esto, sin vulnerar los niveles de seguridad y custodia, pero sí priorizando la atención a las condiciones de vida de los presos y tanto la protección como el ejercicio efectivo de los derechos de la población interna, el personal y sus visitantes.

Además, podrían aplicarse estrategias de seguridad que se basen en la transparencia y la institucionalización de normas, protocolos, procedimientos y prácticas, que permitan, a su vez, el cumplimiento de los objetivos y la supervisión, conforme a indicadores de desempeño que puedan ser evaluados y que formen parte de un proceso continuo. También se debería incrementar el personal y desarrollar programas de capacitación para atender y enfrentar las necesidades que garanticen la gobernabilidad y seguridad en los establecimientos penitenciarios, así como el empleo de diferentes intervenciones para la reinserción.

Los proyectos de Cárceles Productivas se encuentran multiplicándose en América Latina como una exitosa alternativa de intervención durante la ejecución penal. Hay casos de éxito en Costa Rica, Colombia, Argentina y México, entre otros. Estos presentan iniciativas que se destacan por la coordinación y “corresponsabilidad” entre el sector privado, organismos no gubernamentales y la administración pública. Finalmente, se deberían incorporar opciones de intervención que se fundamenten en enfoques diferenciados para la atención y protección de los derechos humanos de los presos.

En el prefacio de su obra El futuro de las prisiones (1978), Norval Morris establece una aguda crítica a la crisis de la prisión, pues afirma que en los dos siglos transcurridos ha fracasado en sus propósitos con relación a la rehabilitación, hoy conocida como reinserción. “Las cárceles tienen escasos amigos; el descontento en ellas es cosa generalizada. A menudo son escenarios de brutalidades, violencia y conflictos raciales”.

En este sentido, valdría la pena plantear una moderna reforma penitenciaria que sea alternativa al viejo modelo de la prisión. Un esquema que por fin atienda la expectativa de llevar la legalidad a la prisión, más allá del desgastado concepto de reinserción, el cual garantice un sistema de justicia sobre la base del derecho a la inclusión de las personas que, como consecuencia de décadas de exclusión y desigualdad, han vivido la vulnerabilidad de sus derechos en libertad y que actualmente se vuelven ejércitos de “los otros” presos, manteniendo y manifestando por diferentes vías su rechazo.

Es necesaria una reforma que impulse la protección de los derechos humanos y salvaguarde el principio de dignidad humana de los reclusos en el sistema de justicia de ejecución penal, pero sobre todo fuera de este. Esta aspiración no es solo un deseo, sino una esperanza para las naciones latinoamericanas, que afrontan desafíos y cambios que requieren el trabajo y la cooperación de todos los que intervienen en él.

De este modo, se anhela, si no el final de la encrucijada, sí la capacidad, fortaleza y, en especial, el ánimo y la esperanza para seguir trabajando en un sistema de justicia que beneficie la convivencia y la construcción de la paz.

Aarón Sánchez
Administrador público y criminólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Ciudad de México. Vicepresidente del Colegio de Penitenciaristas del Valle de México.