El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es autoritario, abusivo y extremadamente popular. Su modelo de seguridad se ha vuelto atractivo en un contexto preocupante de criminalidad y violencia en América Latina y amenaza con debilitar aún más las instituciones democráticas de la región. Para hacer frente a estos desafíos, es necesaria una respuesta efectiva y respetuosa de los derechos humanos frente al delito.

Recientemente, los legisladores de Bukele en la Asamblea Legislativa aprobaron una ley que permite juicios masivos para presuntos pandilleros. El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, dijo que hasta 900 personas podrían ser procesadas en una misma audiencia. De acuerdo con algunos diputados, con estas medidas la Fiscalía no tendrá que presentar pruebas individuales en contra de los imputados durante el proceso penal. Estos juicios kafkianos socavarían el acceso a la justicia de las víctimas de las pandillas, dificultarían la liberación de inocentes y abrirían la puerta a violaciones masivas del debido proceso.

Más de 71.000 personas, incluidos más de 1.600 menores de edad, han sido detenidos por las fuerzas de seguridad de El Salvador bajo un régimen de excepción que ha suspendido derechos básicos desde hace casi un año y medio. Muchos salvadoreños sin conexión alguna con las pandillas han sido detenidos, especialmente en comunidades de bajos ingresos. Nuestras investigaciones revelan que algunas personas capturadas han sido torturadas, docenas han muerto bajo custodia y miles han sido sometidas a condiciones inhumanas de detención, incluyendo hacinamiento carcelario extremo. La mayoría se encuentran incomunicadas, sin acceso alguno a sus familias.

Una inmensa concentración de poder en manos del Ejecutivo ha allanado el camino para estas medidas. Desde que asumió el cargo, Bukele ha cooptado a la Corte Suprema, ha reemplazado al fiscal general por un aliado y ha removido a jueces independientes. Además, ha promovido un entorno hostil para la sociedad civil y el periodismo independiente, forzando a varios periodistas al exilio.

Sin embargo, para muchos, las políticas de seguridad de Bukele parecen ser una solución a la delincuencia y violencia en la región. La tasa de homicidios de El Salvador, durante años una de las más altas del mundo, alcanzó una tasa de 7,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022, de acuerdo con cifras oficiales. Según Bukele, la tasa de homicidios ha disminuido aún más en 2023. No obstante, los reportes de manipulaciones y cambios en la forma en que se contabilizan los asesinatos en el país limitan la posibilidad de estimar el verdadero alcance de la reducción. Las extorsiones, la principal fuente de financiación de las pandillas, también parecen haber disminuido significativamente.

En algunos países, los ciudadanos están abogando por un Bukele propio, a pesar del carácter draconiano de muchas de sus políticas. Tanto es así que Latinobarómetro, un estudio regional de opinión pública, sostuvo recientemente que Bukele es el “presidente mejor evaluado de todos los tiempos desde el inicio de la transición [democrática] en América Latina”.

Nayib Bukele

Es fácil entender por qué

Según las últimas estadísticas, América Latina y el Caribe tenían en 2021 la tasa regional anual de homicidios más alta del mundo, con 19,91 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi el doble de la tasa que la Organización Mundial de la Salud considera el umbral de “violencia endémica”.

Mientras que algunos países como Venezuela y Honduras tienen tasas de más de 30, incluso 40, homicidios por cada 100.000 habitantes, varios países grandes de la región, como Brasil, México y Colombia, tienen tasas de entre 20 y 30, y algunos países con tasas históricamente más bajas, como Chile y Costa Rica, han registrado un aumento significativo de los homicidios en los últimos años. Las tasas de otros delitos, como la extorsión, también son elevadas.

Uno de los casos más dramáticos es Ecuador, donde las pandillas han provocado un gravísimo aumento de la violencia, con una tasa de homicidios que se ha duplicado en un año. Las extorsiones se encuentran en un máximo histórico, y ha habido ataques con explosivos, masacres en cárceles y asesinatos de funcionarios electos, fiscales, jueces y candidatos políticos.

Los líderes de la región no han logrado dar una respuesta efectiva y respetuosa de los derechos humanos a la violencia y criminalidad.

La estrategia de “paz total” del presidente colombiano Gustavo Petro no ha logrado hasta ahora reducir las masacres, el reclutamiento de niños y los secuestros por parte de grupos armados. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha adoptado el lema “abrazos, no balazos”, al tiempo que ha promovido la militarización, reducido los fondos para las policías locales y no ha logrado disminuir la violencia de los cárteles. La presidenta Xiomara Castro de Honduras hizo campaña en contra de la militarización, pero recientemente restableció el control militar sobre las prisiones y, al igual que Bukele, suspendió varios derechos constitucionales en amplias zonas del país.

Frente a estos desafíos, Bukele ofrece una respuesta simple: más presos, más prisiones y juicios masivos. Su poderosa maquinaria propagandística ha mostrado las violaciones de los derechos humanos de su Gobierno como supuestos logros.

Pero su llamativa propaganda también oculta algunos hechos inquietantes. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Gobierno de Bukele inicialmente negoció de forma secreta con los líderes de las pandillas, ofreciéndoles privilegios carcelarios y protección frente a extradición a EE UU, a cambio de una reducción de los índices de homicidios y apoyo para las elecciones. Al fracasar las negociaciones, el gobierno pasó a aplicar medidas de mano dura.

En el pasado, ni las negociaciones secretas con pandillas ni las políticas de seguridad punitivas han frenado de forma sostenible la violencia en El Salvador. Los predecesores de Bukele negociaron con las pandillas sin desmantelarlas efectivamente. Estos acuerdos lograron una reducción a corto plazo de los asesinatos, pero fueron seguidos de un aumento y una agudización de la violencia. A su vez, las anteriores políticas de seguridad basadas en el encarcelamiento masivo permitieron a los miembros de las pandillas aumentar el reclutamiento dentro de las prisiones, utilizando los centros de detención como su base operativa.

La narrativa de Bukele también es engañosa. Su Gobierno sugiere que los frenos y contrapesos de la democracia representan un obstáculo para proporcionar seguridad a los ciudadanos. Por el contrario, estos mecanismos son clave para prevenir la corrupción y el abuso de poder, y garantizar que la ley se aplique a todos por igual.

De la misma manera, Bukele presenta los derechos humanos y la seguridad pública como objetivos contradictorios. Muy por el contrario, los gobiernos tienen una obligación en materia de derechos humanos de tomar medidas para proteger a la población de la violencia y del crimen. Al hacerlo, también están obligados a respetar las garantías del debido proceso, que son fundamentales para garantizar que los procesamientos no sean arbitrarios, que no se abuse de personas inocentes y que las víctimas reciban la justicia que merecen.

La popularidad de Bukele es un reflejo de la incapacidad de los gobiernos latinoamericanos para abordar la violencia y la criminalidad. Es necesario que se redoblen urgentemente los esfuerzos para diseñar e implementar estrategias respetuosas de los derechos que aborden las causas estructurales que contribuyen a la violencia, incluyendo los altos niveles de pobreza y exclusión social. Es importante que se adelanten procesos penales estratégicos centrados en investigar crímenes violentos, en particular los cometidos por perpetradores crónicos o líderes de organizaciones criminales, así como también en frenar su financiamiento, su apoyo político a través de la corrupción y su acceso a armas.

La falta de una respuesta efectiva y legítima a la inseguridad está poniendo en peligro la vida de nuestros ciudadanos y de nuestras instituciones democráticas.