La oposición al Gobierno de Luis Arce convocó a un paro cívico nacional que tuvo muy bajo acatamiento, salvo en el departamento de Santa Cruz. Como respuesta a los nuevos intentos golpistas, la militancia del MAS convocó a flamear wiphalas en todo el país este 12 de octubre.
Dicen que las segundas partes nunca son buenas. Puede dar fe de ello el movimiento pitita, conformado por sectores de la población civil que apoyó —y todavía apoya— al golpe de Estado de 2019. Mientras el Gobierno de Luis Arce aún no cumple un año en el poder, la oposición nacional lo acusa de “dictador”, por lo cual le hizo un paro cívico que tuvo bajo acatamiento.
Luego de dos años, las principales ciudades del país volvieron a amanecer con sus calles enmarañadas por delgadas sogas: pitas, como les llaman aquí. Desde la noche del domingo 10, quienes rechazan al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) las habían tendido en las principales avenidas. De ellas colgaban algunas banderas bolivianas.
En este sentido, el presidente Arce afirmó que desde la asunción de Evo Morales, en 2006, fue posible “construir la Patria digna y soberana que el capitalismo, junto a las clases antinacionales, no pudieron hacer. Hemos tomado el irrenunciable camino de liberación nacional. No volveremos a periodos nefastos para la Patria, como el de 2019”, publicó en su cuenta de Twitter.

¿Qué son los comités cívicos?

Los comités cívicos surgieron para dar un cariz “social” a las dictaduras militares que gobernaron Bolivia durante el siglo XX. Son instituciones conformadas por grupos de poder locales: políticos y empresarios, quienes se arrogan la representatividad de toda la población de donde hacen sus negocios.
Camacho, por ejemplo, fue presidente del poderoso Comité Pro Santa Cruz en 2019, durante los días del golpe contra Morales. Este empresario de diversos rubros usó su tarima para exigir la renuncia del entonces presidente, lo cual finalmente terminó por lograr.
Una vez derrocado “el tirano”, como aún le dicen a Morales, Camacho se postuló a la presidencia. Cuando las encuestas le demostraron que no tenía apoyo, se decidió a postularse como gobernador de su tierra, Santa Cruz. Allí obtuvo el apoyo de más de la mitad de la población cruceña votante.
Como gobernador, se encarga de atacar permanentemente al presidente Arce. El 24 de septiembre pasado, efeméride de Santa Cruz, hizo un berrinche público y desairó al entonces presidente en ejercicio David Choquehuanca, ante las cámaras de todo el país. Lejos de mostrarse avergonzado por su actitud, que no se corresponde con la de ninguna autoridad democrática, el líder cruceño se ufanó en sus redes de haber ultrajado la figura presidencial, entre otros símbolos patrios como la wiphala.
Desde entonces, la efervescencia de la oposición la llevó a creer que podría convocar a la población nuevamente a las calles, como en 2019, para desgastar —otra vez— a un Gobierno del MAS. Pero ahora las cosas no salieron como esperaban. La evidente inclinación golpista de la protesta no tuvo apoyo entre la población.

Paro insignificante

Un paro cívico implica que no pueden funcionar los comercios privados ni se puede ofrecer algún servicio. Durante los días golpistas de 2019, a esta medida también se acoplaban organismos públicos, como gobernaciones y municipios.
Pero en este 11 de octubre, las oficinas de gobernaciones y municipios estuvieron abiertas, como la mayoría de los comercios y rubros. A media mañana, cuando la Policía había levantado los bloqueos en las avenidas, persistían algunas pititas entrelazadas en calles marginales de barrios de clase media-alta.
En esta ciudad hubo un acatamiento mediano en la zona norte, donde están los barrios de clase media-alta. En el resto de Cochabamba el paro cívico pasó prácticamente desapercibido.
En Santa Cruz de la Sierra la medida de fuerza fue notoria, aunque también fue evidente el rechazo de gran parte de la población a esta medida. Por ello, hasta la tarde del 11 de octubre aún se registraban enfrentamientos entre grupos de vecinos de barrios periféricos.
En La Paz hubo varios intentos de vecinos pititas de bloquear calles, pero grupos de militantes del MAS no dejaron de recorrer la ciudad para dispersar a las y los manifestantes, quienes huían entre agresiones e insultos por su defensa del golpe de 2019.
La movilización opositora pedía también por la libertad de la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020) y otros “perseguidos y presos políticos”, quienes participaron del golpe de 2019 y las masacres que le siguieron para imponerse.

La excusa de la ley

En las últimas semanas, el MAS —con mayoría en el Parlamento-— trató y aprobó la ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, la cual es rechazada por la oposición, ya que supondría mayores controles a los grupos empresariales del país.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó en reiteradas ocasiones que la ley 218 pretende “tener un cuerpo normativo que potencie la efectividad en la lucha y sanciones de los delitos contra la legitimación de ganancias ilícitas”.
La oposición operó en organización de pequeños comerciantes para hacerles creer que luego de perseguir a los peces gordos, el Estado investigará a los comercios barriales para recaudar más. En este aspecto, desde el ministerio aseguraron que la ley 218 no establece ningún mecanismo de sanción para las actividades económicas informales y tampoco tiene propósitos recaudatorios.
Es importante aclararlo en un país como Bolivia, donde más del 80% del comercio es informal, desempeñado mayormente por vendedores ambulantes o callejeros.
Sin embargo la semilla de la desinformación prendió, porque este 11 de octubre en varias ciudades las y los pequeños comerciantes marcharon en rechazo de esta nueva ley.